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El empresario Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca, y socio de la empresa desde principios de los ’70, deberá declarar ante la Justicia sobre la participación criminal en el genocidio que le imputa el Ministerio Público Fiscal sobre los asesinatos en 1976 de los obreros gráficos y delegados Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola. La Cámara Federal de Bahía Blanca revocó el fallo del juez federal subrogante Santiago Martínez, que de un plumazo había rechazado el pedido de indagatoria al considerar que las pruebas no eran suficientes, por lo que deberá ser otro magistrado –que no se haya pronunciado sobre la acusación– quien le tome declaración. Sobre la base de una presentación realizada por Massot para acceder al expediente cuando todavía no había sido imputado, los camaristas Pablo Candisano Mera y Angel Argañaraz dejaron una puerta abierta para que se lo citara como testigo, aunque destacaron que esa alternativa “no es óbice para que el juez, si considera necesario interrogar al imputado, le asigne forma de indagatoria”.
El tribunal que condenó al primer grupo de represores bahienses en 2012 ordenó en su sentencia que se investigue el rol de los directivos de LNP en el terrorismo de Estado. Los jueces Jorge Ferro, Martín Bava y José Triputti destacaron la “campaña de desinformación y propaganda negra” del diario no sólo para “imponer la versión de los victimarios”, sino para “crear un estado tal de anomia legal en la sociedad que permitió el ejercicio brutal de la violencia irracional” según publicó el matutino Página/12. Recordaron que el general Acdel Vilas, segundo comandante del Cuerpo V, aludió a LNP como un “valioso auxiliar de la conducción” y señalaron que la actuación de los Massot “no se halla alejada de toda la ilegalidad que existía en la época”.
Cuando los fundamentos de la sentencia llegaron al juzgado de primera instancia, Massot, sin estar técnicamente acusado, presentó un escrito invocando un artículo del Código Procesal Penal que permite al potencial imputado declarar, aunque se limitó a pedir ser parte en la causa para poder acceder al expediente, pedido que el juez rechazó. En abril, los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani pidieron la detención e indagatoria de Massot y del ex secretario de redacción Mario Gabrielli, que murió en julio. La Procuración señaló la “participación criminal concreta y específica” disfrazada “bajo el ropaje de la actividad periodística” y desmenuzó “el ejercicio de funciones de acción psicológica” diagramadas en el Destacamento de Inteligencia 181.
Si bien las caras visibles del diario eran su directora, Diana Julio, y su hijo Federico Massot, ambos fallecidos, los fiscales destacaron que Vicente Massot tenía un rol “múltiple”, que al menos desde 1974 era socio de la empresa y que en septiembre de 1975, según consta en un acta, su mamá le encomendó “todo trato con el personal”. La fecha es significativa porque, por entonces, Prefectura elaboraba el informe de inteligencia que concluiría en la necesidad de “ralear” de “un MEDIO DE DIFUSION FUNDAMENTAL”, con mayúsculas, a los delegados que meses después serían secuestrados, torturados y asesinados. “Son investigados dos homicidios”, publicó LNP en 20 líneas cuando aparecieron los cadáveres y nunca más informó de los crímenes por los que en 2014 serán juzgados prefectos y marinos.
El juez Martínez, que había delegado la investigación en los fiscales, rechazó sin mayores fundamentos el pedido de indagatoria. Seis meses después, la Cámara revocó el fallo y volvió a poner en manos de un magistrado de primera instancia la decisión de detener a Massot, a quien defiende su cuñado Rubén Diskin, el abogado que en los ’80 defendió a Acdel Vilas.
