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La ley de juicio por jurados coloca a los ciudadanos de a pié en el lugar de administradores de Justicia. Dispone que doce ciudadanos actuarán en casos de delitos graves -cuya pena supere los 15 años de prisión-, intervendrán en todos los debates y darán su veredicto a partir del 2014 en la provincia de Buenos Aires. Los jurados estarán integrados por doce ciudadanos y seis suplentes, quienes serán seleccionados por sorteo sobre el padrón electoral.
Luis Cevasco, presidente de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal, participó en la elaboración de proyectos de ley sobre juicios por jurado. “La idea es que sean jurados legos, para que no tengan una contaminación con la cultura jurídica. La gran ventaja de los jurados es que dictan los fallos a partir del sentido común, con lo que la cultura común puede entender cuál es la mejor solución en estos casos”, aseguró en Radio Vórterix.
Según relató el propio Cevasco, el juicio por jurados está previsto en la Constitución Nacional desde 1853 y desde antes también. “La idea es que con el sistema de jurados cierra el sistema de frenos y contrapesos de la Constitución, porque en definitiva es el pueblo el que termina aplicando las leyes que dictan los legisladores”, consideró el docente.
Una de las críticas más frecuentes a este proyecto es que los ciudadanos podrían estar determinados por los discursos mediáticos que circulan acerca de los casos, lo que influiría en el veredicto final. “Los medios también influyen sobre los jueces, y con otra diferencia más grande: cuando los jueces dictan un fallo también están pensando en qué va a pasar con su carrera. En cambio cuando un jurado dicta un fallo se acabó el jurado” y los ciudadanos no tienen un interés
“La experiencia indica que cuando uno pone a las personas en conocimiento exacto de los hechos, termina resolviendo conforme su sentido común y sin mayores influencias”, analizó Cevasco.
Una de las características de la ley es que “el jurado dicta sentencia por su íntima convicción y no la fundamenta”, como sí deben hacerlo los jueces y abogados. Para llegar a un dictamen el jurado debe alcanzar una decisión apoyada por al menos dos tercios de los doce jurados y como mínimo tienen tres instancias para debatir.
Normalmente los juicios penales transcurren en uno o dos días y el imputado puede renunciar al jurado y ser juzgado por un juez técnico. “A los jueces le duele la cabeza, no llegan a fin de mes, se pelean con las mujer y hasta tienen diarrea. Son igual que un ser humano. No puede haber un país jurídico y un país real. Los fallos tienen que ver con lo que la cultura de un pueblo entiende en un momento determinado que es justo”.