La directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, Graciana Peñafort, destacó la importancia del hallazgo de las actas originales de la dictadura, que van desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983. Los documentos fueron encontrados en cajas fuertes y armarios ubicados en el subsuelo del edificio Cóndor de la Fuerza Aérea.
La abogada, que integra del equipo que comenzó a desclasificar estos archivos de la Junta Militar, contó a AgePeBA que los documentos “reflejan los problemas y discusiones que llevaba adelante la dictadura en su forma de gobierno, en sus aspectos económicos, y en aquellos vinculados a las violaciones de los derechos humanos y a cuestiones estratégicas para la Argentina”.
“Tiene un enorme valor histórico y judicial, a raíz de que están detallados planes políticos e informaciones trascendentes que pueden aportar a muchas de las causas, pero sobre todo en materia de delitos económicos”, dijo Peñafort.
En tanto, la letrada confirmó que las actas prueban cómo en los dos primeros años de dictadura, “el tema Papel Prensa fue de tratamiento permanente por parte de la Junta Militar y además el tratamiento conjunto de la detención de la familia Gravier”.
“De la documentación se deprende claramente esta colaboración de sectores civiles de poder con el terrorismo de Estado, sobre todo en lo que se refiere a los planes económicos de la dictadura”, subrayó.
Peñafort es también coautora de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y formó parte del equipo jurídico que representó al Estado Nacional en las audiencias públicas ante la Corte Suprema de Justicia, antes del fallo que declaró la constitucionalidad de la norma.
Consultada sobre el plan de adecuación a la ley presentado por el Grupo Clarín, sostuvo: “He tenido acceso a la documentación pública, pero no conozco la documentación en su totalidad. Mi opinión es a priori sobre el reflejo de lo que públicamente está circulando, pero en primera instancia me parece muy bueno el cumplimiento, aunque se trate de una situación que ha demorado cuatro años”.
No obstante, consideró que hay que realizar un análisis más profundo respecto a la adecuación en sí misma. “Habrá que analizar distintos aspectos societarios, de independencia de las distintas sociedades entre sí, y las formas en las que se realizarán las nuevas transferencias para que se pueda llevar adelante este plan”, señaló la abogada.
