El juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, habló luego del fallo del máximo tribunal que declaró la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
“Es uno de los más trascendentes de esta Corte» por el impacto que «tiene sobre lo que serán nuestras conductas de coexistencia en el futuro”, las que no pueden dejarse “en manos monopólicas u oligopólicas porque sería un suicidio cultural”, remarcó el magistrado.
“No dejo de lado lo político, no le resto importancia, pero es mucho más lo que estaba en juego. Estaba en juego nuestra cultura nacional, argentina, plural y étnica, y de respeto recíproco”, opinó Zaffaroni, en declaraciones al portal Infojus, del Ministerio de Justicia de la Nación.
Sobre el fallo, el juez señaló que, luego de varias instancias, la Corte Suprema “acaba de revocar la sentencia de la Cámara declarando la constitucionalidad de todas las disposiciones de la ley por mayoría de cuatro votos. Cuatro votos que son dos votos conjuntos y dos votos individuales, pero que coinciden en cuanto a fundamentos”.
Zaffaroni subrayó que “toda la ley habla sobre lo que es el derecho a la información, sobre todo el derecho a la información en su significado político, la incidencia que puede tener políticamente. Creo que hay algo más en esta ley que no podría callar: la importancia de los medios desde hace ochenta años, noventa años, es perfectamente conocida”.
“No cabe duda que los medios masivos de comunicación son formadores de cultura», sostuvo y agregó que éstos “nos condicionan simpatías, antipatías, empatías, juicios, prejuicios, costumbres, sexualidad, es decir la totalidad de las formas en las que interactuamos en una sociedad. Corren el grave riesgo de homogeneizar esa cultura, nuestra cultura”.
En otro pasaje de la entrevista, defendió la intervención del Estado como regulador de la concentración mediática, al señalar que es lo que “hacen todos los estados del mundo, los países desarrollados como Estados Unidos, Alemania, por ejemplo”, y consideró: «Nosotros no podemos marchar a contramano de lo que nos está mostrando la legislación comparada. Incluso hay países que lo hacen de manera mucho más restrictiva que esta ley”.
“Yo no sé si la cancelación de licencias puede causar un daño patrimonial, pero si causa un daño patrimonial el Estado tendrá que pagarlo. Eso queda claro, eso está a salvo. No estamos haciendo una expropiación socialista, una confiscación de nada”, indicó Zaffaroni, para luego señalar que hay que ver si el plazo de un año está vencido o no, pero evitó opinar «porque por ahí estaría abriendo juicio sobre una cuestión judiciable».
