.
Además, advirtieron sobre la grave situación que existe en San Miguel a una semana de que el juez federal Ariel Lijo diera a conocer el procesamiento del ex jefe de calle de la comisaría primera de San Miguel, Walter Azor, y el ex oficial de la Bonaerense Miguel Ángel Vara, junto con otras 14 personas en una causa por trata de personas para explotación sexual.
Precisamente en ese partido se rescataron a 31 víctimas de trata de nacionalidad argentina, dominicana, paraguaya y uruguaya, y a la vez salió a luz la connivencia policial con los involucrados.
En ese marco, y mientras las organizaciones sociales de San Miguel denuncian la falta de políticas públicas para combatir la trata de personas, la Justicia investiga la presunta complicidad de empleados municipales que habrían permitido el funcionamiento de locales donde las mujeres eran obligadas a prostituirse.
«Hay una clara inacción del municipio de San Miguel. No puede ser que haya siete o más lugares con más de 30 víctimas y el municipio no lo sepa. Los prostíbulos funcionaban en el centro. Los volantes se repartían y se veían en cualquier parada de colectivo”, dijo Gladys Villalba, integrante de la Organización de Derechos Humanos Razonar, al sitio Infojus Noticias.
Según la denuncia, el ex jefe de calle de la comisaría 1ª y el ex oficial Vara hacían posible el funcionamiento de esta red.
Respecto a Vara, una de las imputadas declaró ante la Justicia que “era conocido en el ambiente porque era cliente”, mientras que en una de las escuchas entre dos imputados, un diálogo puso de relieve el sistema de coimas, dado que los involucrados afirman que, mediante un pago de 600 pesos, «los federales se fueron».
Según señala un informe publicado por Infojus, de la investigación judicial se desprenden «datos fundamentales», tales como un manuscrito de Vara donde anotaba las direcciones por las que pasaba a cobrar a distintos prostíbulos, y casas de juego de la zona oeste del conurbano.
La denuncia que allanó el camino para destapar esta red llegó a la Justicia en abril de este año, después de un llamado a la línea 145 de la Oficina Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Allí, a través de un mensaje anónimo, se denunciaba la explotación sexual de diez mujeres en un prostíbulo de la calle Lima al 1.400.
A partir de ahí se hicieron escuchas y un intenso trabajo de inteligencia hasta lograr la identificación de siete domicilios más donde se explotaba a una treintena de mujeres. Según la Justicia, muchas de las víctimas habían sido convocadas ante la oferta de avisos en diarios, negocios barriales y paradas de colectivos donde solicitaban “señoritas”.
Incluso, se repartían volantes en el centro de San Miguel, tarea a cargo de un hombre en muletas que decía: “Paraguayitas dispuestas al placer, de 21 a 26 años, nuevo plantel, las 24 horas. Hacemos lo que queremos”.
En los prostíbulos, donde eran obligadas a trabajar 48 horas seguidas, las mujeres tenían que pedir permiso para comer y dormir, aunque muchas veces en los momentos de descanso las despertaban para «atender» clientes. Además, los proxenetas estaban preparados ante posibles operativos de rescate y, para «entrenar» a las víctimas, hacían simulacros de allanamientos, según consta en la causa judicial.
Tras el procesamiento de los policías y el resto de los imputados, ahora se espera la elevación juicio por este caso que parece ser la punta de ovillo de una red de trata arraigada en el oeste del conurbano.
