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Con el inicio el viernes pasado en Santiago de Estero de un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad en esa provincia, son 12 los procesos orales y públicos por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico militar, que se realizan en el país.
Actualmente los juicios se desarrollan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán, Córdoba, Catamarca, Formosa, Buenos Aires, La Rioja y Jujuy.
En Capital Federal, son juzgados 68 acusados de haber cometido 789 secuestros, torturas y homicidios en la ESMA y entre los imputados se encuentran ocho aviadores navales y de la Prefectura acusados por los denominados «vuelos de la muerte», en los que se arrojaba prisioneros vivos al mar o al Río de la Plata.
También el Tribunal Oral en lo Federal 1 juzga crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor, el acuerdo de dictaduras sudamericanas para perseguir a opositores políticos fuera de sus propios países.
En tanto, en Córdoba, continúa la etapa testimonial del juicio de la megacausa `La Perla´, que involucra a 417 víctimas y tiene 45 imputados, entre ellos el represor Luciano Benjamín Menéndez.
En Salta, son juzgados 20 represores por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 34 víctimas, proceso que se reanudará el 15 de octubre. En Tucumán, sigue su curso el megajuicio que comenzó el 12 de noviembre y que unifica las causas Arsenal y Jefatura de Policía. En Formosa, comenzó el juicio que tiene como principal acusado al represor Angel Spada que se encuentra prófugo.
En Catamarca, se desarrolla el juicio a los represores Carlos Eduardo Carrizo Salvadores, Jorge Ezequiel Acosta y Mario Nagakama como «autores responsables» de la muerte de militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo asesinados en la Masacre de Capilla del Rosario, perpetrada el 12 de agosto de 1974.
En tanto, en Bahía Blanca, son juzgados ocho represores en la causa «Stricker, Carlos Andrés y otros por privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Yotti, Gustavo Marcelo y otros en área controlada operaciones Cuerpo Ejército V».
El 9 de agosto el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario inició el juicio por delitos de lesa humanidad en la denominada causa `Guerrieri II´, en el que hay 12 acusados pertenecientes al Batallón de Inteligencia 121 de esta ciudad y se ventilan 27 casos de víctimas del terrorismo de Estado.
En tanto, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja juzga a diez imputados, entre los que se encuentra Luciano Benjamín Menéndez, por los los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos.
Los hechos que se investigan son casos de privación ilegítima de la libertad y tormentos a los que fueron sometidos Abelardo Angel y otros 6 detenidos por personal del Escuadrón 24 de Gendarmería con asiento en Chilecito, en 1977.
Desde el 4 de septiembre, el Tribunal Oral Federal de Jujuy juzga a Luciano Benjamín Menéndez, un ex interventor del Servicio Penitenciario provincial y cinco guardiascárceles por secuestros, torturas y desapariciones.
Finalmente, el 4 de octubre comenzó el proceso en Santiago del Estero en el que el grupo de tareas que dirigía el represor Musa Azar es juzgado por el asesinato de la empleada doméstica Consolación Carrizo y el secuestro y torturas de otras 34 personas durante la última dictadura cívico militar.
Se trata de la causa denominada «Grupo 4», en la cual declararán alrededor de 120 personas, en su mayoría víctimas de la última dictadura.
En la causa se encuentran acusados los expolicías santiagueños Musa Azar, Miguel Tomás Garbi, Ramiro López, Francisco «Paco» Laitán, Juan Bustamante, José Gregorio Brao, Carlos Héctor Capella y Pedro Ledesma.
También están acusados el exmilitar Jorge D´Amico y Marta Noemí Cejas, exesposa del exjefe de Inteligencia santiagueño Musa Azar, que cumplía funciones en la denominada «SIDE o Gestapo santiagueña».
En la misma causa también se encuentra imputado el exoficial Roberto Díaz, que hace varios años se encuentra prófugo de la justicia, y por el que se ofrece una recompensa de 150.000 pesos para el que aporte datos que permitan su detención.
Por otra parte, continúan, respectivamente, en Capital Federal dos juicios y en Paraná uno por escrito, por sustenciarse bajo el viejo Código penal.
