«Nosotros venimos pidiendo a la municipalidad que nos devuelva nuestros expedientes, en los que tenemos documentación como partidas de nacimiento, facturas de los materiales y certificados de escuelas, porque sin esos papeles no podemos demostrar que los terrenos nos fueron entregados hace 30 años», aseguró Débora, una de las vecinas que reclamaba hoy sobre la avenida Cazón, frente a la Municipalidad de Tigre.
Una decena de familias del barrio de Benavídez exigieron una respuesta del intendente y principal candidato del Frente Renovador, Sergio Massa, ante una orden judicial de desalojo, reclamando que aparezca la documentación que acredita el traspaso del terreno.
«Los desalojos son una constante de los últimos años, ya se han desalojado a muchísimas familias; son operaciones inmobiliarias, planificadas y facilitadas por la política del municipio», explicó Alfredo Cáceres, secretario general de SUTEBA, quien se solidarizó porque “muchos de estos vecinos son docentes, auxiliares de escuelas».
El terreno en conflicto está ubicado en la calle Mitre, entre La Rioja y Sarmiento, de la localidad de Benavídez. Un hombre se presentó días atrás ante la justicia reclamando la propiedad del predio. Los vecinos afirman que el abogado de este supuesto dueño es Javier José Valdemarín, empleado de la municipalidad de Tigre.
«Los terrenos aquí se han vuelto muy caros por la irrupción de los barrios cerrados, por ejemplo, en este caso se trata de media manzana en el centro de Benavídez, que hoy vale mucho dinero», indicó Cáceres a la agencia Télam.
En tanto, una joven de 20 años llamada Cinthia, también con orden de desalojo, dijo que sin los papeles que le reclaman a Massa “no podemos demostrar que no usurpamos ese terreno».
Las familias afectadas realizarán mañana una asamblea en las intersección de Mitre y La Rioja, de Benávídez.
«Allí les contaremos la situación a todos los vecinos y organizaremos otra movilización para el 13 de octubre, donde se sumarán los afectados por las inundaciones y los isleños», que denuncian que está en riesgo su particular forma de vida porque en los últimos años, empresas con el aval del municipio, atentan contra el trabajo de los que habitan esas tierras.
