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Por Carlos López / Las familias del barrio Seguí, de Pablo Nogués, que habitan las 230 viviendas sociales que se construyeron a partir de una inversión entre Nación y Provincia, y que fueron presentadas por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en octubre del 2009, atraviesan enormes dificultades para cumplir con el pago de su cuota, debido a las cargas aplicadas por el intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino.
Si bien el contrato de adjudicación establece la posibilidad de una suba, desde la Municipalidad ya han incrementado el monto de la cuota inicial a casi el doble, lo que provoca que los vecinos no lleguen a pagar en tiempo y forma, y la comuna consiga los argumentos para accionar legalmente contra ellos.
La cuota de estas casas tipo dúplex arrancaron en 900 pesos mensuales. A principios de este año, Cariglino la subió a 1.300 pesos y hoy se eleva a unos 1700 por mes, muy por encima de lo pautado en el contrato firmado con Nación y Provincia.
El caso ya se encuentra en la Justicia, luego de que varios vecinos del barrio Seguí presentaran una demanda contra el municipio.
Pero mucho más difícil es hacer pública esta situación, ya que las familias temen hablar con los medios y, cuando lo hacen, piden estricta reserva de nombres y apellidos. No quieren correr la misma suerte de los familiares de víctimas de mala praxis u opositores que se atreven a denunciar las irregularidades de una gestión municipal que hizo de la violencia una herramienta de presión y extorsión política.
Bajo estas condiciones, AgePeBA dialogó con I.B., uno de los vecinos afectados, quien aseguró que “Cariglino maneja los contratos como si fuera un negocio inmobiliario y no un programa social que tiene otra intención”.
I.B. comentó que “intentamos una y otra vez generar una mesa de diálogo con el municipio, pero nunca fuimos recibidos. Lo único que recibimos fueron amenazas”.
“Las amenazas son ‘normales’ en Malvinas Argentinas. Este es un municipio donde los vecinos no se pueden organizar para hacer un reclamo porque hay patotas que vienen a pegarte, como les pasa a los familiares de las víctimas de mala praxis”, subrayó.
De todas las familias que se ven afectadas por esta situación, solo el 60 por ciento se ha manifestado contra el accionar del intendente, ya que el resto se encuentra ligado de alguna manera al municipio y temen represalias. A su vez, los vecinos aseguran que algunas casas fueron “facilitadas” a personal cercano al intendente, mientras que otros deben pagar con aumentos.
Uno de los casos emblemáticos de violencia ocurrió a principios de este año, luego de una marcha hacia el Palacio Municipal. El vecino que la organizó recibió llamados anónimos a su celular en los que le daban a entender que tenían vigilada a su hija. Esta y otras situaciones obligaron a las familias a esperar en silencio el lento camino de la justicia.
