a Fiscalía General de Paraguay decidió este martes que la hacienda en la que ocurrió la masacre de Curuguaty, en junio del año pasado, pertenece a una familia de latifundistas y no al Estado.
Este dictamen es clave porque la propiedad estatal echaría por tierra el cargo de invasión de propiedad privada que levanta el fiscal de la causa, Jalil Rachid, contra los 12 campesinos imputados.
La medida judicial se da en respuesta a la defensa de los campesinos que había solicitado que se determinara la propiedad del terreno donde murieron seis policías y 11 labriegos, porque la propiedad estaba en disputa entre el Estado y la empresa Campos Morumbí, propiedad de la familia de Blas Riquelme, exsenador y dirigente del Partido Colorado, ya fallecido.
Agencias internacionales de noticias reportaron que el dictamen fue “curiosamente” precedido por declaraciones del presidente paraguayo, Federico Franco, y del Instituto Nacional de la Tierra, que daban por hecho que las tierras pertenecían al Estado.
Franco, calificó de «barbaridad» el dictamen de la Fiscalía General a favor de la familia Riquelme sobre las tierras de Marina Cué. Ratificó que el inmueble es propiedad del Estado paraguayo y que se gobierno defenderá eso con documentaciones.
En el 2004, esas tierras donadas por las Fuerzas Armadas al Estado iban a ser destinadas a la reforma agraria, pero el poder de Campos Morombí le permitió quedarse con las mismas en el 2005, aunque se apunta la supuesta ilegalidad en la titulación.
La definición sobre la propiedad del predio de Curuguaty se dio en medio de la audiencia premilinar por el juicio, que fue nuevamente postergada porque el bebé de una de las acusadas permanece internado en un hospital. Se espera que el proceso sea retomado este miércoles, 24 de julio, según lo expresó la corresponsal de teleSUR en ese país, Amanda Huerta.
La jueza Yanine Ríos tomó esa decisión tras el pedido de la defensa, que expuso que el bebé de una de las acusadas está internado en un centro hospitalario, por lo que la madre no pudo asistir a la audiencia en el Palacio de Justicia de Asunción.
De igual forma, la periodista señaló que se espera para este miércoles la decisión final de la jueza en torno al inicio de un juicio oral y público de los 12 acusados por el caso Curuguaty.
En total, 12 campesinos se enfrentan a la apertura de un juicio penal por los sucesos del 15 de junio de 2012, que ocasionaron una semana después el golpe institucional contra Lugo. Tres de los imputados por la Fiscalía son mujeres, dos de las cuales acuden a la audiencia con sus hijos de pocos meses, aún lactantes.
