Luego que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el pedido del fiscal Juan Murray para apartar de la investigación por el asesinato de Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi al juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, esta agencia habló con el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Álvaro Baella.
El letrado calificó de “repudiable” la decisión de la Corte de «proteger» al titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Nicolás y rechazar el pedido de recusación presentado por el fiscal Murray por “obstaculizar” causas de lesa humanidad.
“No se argumentó absolutamente nada y, en ese no decir nada, han hecho que se pierda la posibilidad de analizar los planteamientos fundados de las partes acusadoras”, explicó a AgePeBA.
Según Baella, en la mayoría de las causas donde interviene el juez Villafuerte Ruzo aparecen numerosas “dilaciones, demoras y rechazos” de pedidos de las partes acusadoras y advirtió que el magistrado “tarda años en emitir trámites que se pueden realizar en una semana, además, le tomó seis años dictar una resolución en la causa Patti-Cambiaso- Pereyra Rossi”.
En esa línea, el abogado de la asociación que preside Estela de Carlotto agregó que el juez Villafuerte Ruzo “no acuerda” en sus resoluciones por el juzgamiento y la resolución de muchos crímenes de lesa humanidad.
Baella planteó la “necesidad” de profundizar una justicia más democrática que permita enmarcar jurídicamente estos recursos extraordinarios como el presentado por el Ministerio Público Fiscal sobre Villafuerte Ruzo.
“Lo cierto es que esta resolución de la Corte terminó avalando delitos de lesa humanidad, y peor aún, deja en claro que las cuestiones que para ellos son intrascendentes ni siquiera las analizarán”, concluyó el letrado.
El máximo tribunal consideró que el apartamiento de Villafuerte Ruzo era “inadmisible” y para hacerlo apeló al artículo 280 del Código Procesal, que le ahorra tener que dar explicaciones sobre su decisión.
Según se informó hoy, Villafuerte Ruzo fue citado para el 6 de agosto próximo por la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura para explicar las “dilaciones” y retardos en las causas que lleva adelante por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.
