Cada vez que puede, el intendente de Tigre y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, aprovecha la oportunidad para llenar de elogios a Jesús Cariglino. En una reciente visita de campaña a Malvinas Argentinas, Massa dijo que su socio político es un jefe comunal “muy valorado, muy reconocido” por el “trabajo que viene haciendo el municipio”.
Pero las víctimas de las patotas cariglinistas, los vecinos que perdieron familiares por mala praxis en hospitales del distrito o aquellos que sufren a diario las irregularidades del sistema sanitario local, no opinan lo mismo.
“Cariglino es el jefe de una mafia que persigue a las personas que reclaman por sus derechos”, dijo Jorge Cancio a AgePeBA, el abogado que representa a muchas de esas víctimas.
En Malvinas Argentina se presentaron más de 250 denuncias penales por mala praxis y otras 100 por violencia política. El intendente también fue acusado de ser el jefe de una “asociación ilícita” que no sólo estaría involucrada en ataques y amenazas a opositores, sino que además habría perpetrado los saqueos a supermercados en diciembre último.
Sobre Cariglino también pesan las sospechas por la muerte del enfermero Walter Navarro, asesinado a balazos luego de denunciar las irregularidades sanitarias en el hospital municipal “Claudio Zin”.
Pero ninguna de las denuncias en contra del intendente o de la comuna encuentra curso favorable en la Justicia local. Por esta situación, Cancio apuntó contra el fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, un funcionario judicial que “protege” al intendente de Malvinas Argentinas desde hace al menos una década.
En 2003, Cariglino estuvo preso durante casi dos semanas por una causa que lo involucraba en una treintena de delitos, entre ellos asociación ilícita, cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público, estafa y administración fraudulenta.
El intendente logró salir de la cárcel tras pagar una fianza de medio millón de pesos y luego fue sobreseído por el juez de Garantías de San Martín, Nicolás Schiavo. Pero el fiscal que lo había imputado, Edgardo Ledesma, apeló la medida y ahí fue cuando actuó Lapargo.
“Gracias al fiscal general de San Martín es que Cariglino no fue a juicio oral. No mantuvo el recurso del fiscal Ledesma y la causa quedó definitivamente cerrada. Ése es Lapargo”, dijo Cancio.
El abogado también acusó a Lapargo de no dar la debida protección a quienes son atacados o amenazados de muerte por atreverse a denunciar a Cariglino.
Claudia Ledesma es uno de los familiares más activos contra la mala praxis en Malvinas Argentinas. Su hija, Melani, murió hace cuatro años en el Hospital “Claudio Zin” y desde entonces no ha dejado de denunciar públicamente el hecho.
Ledesma fue brutalmente golpeada por una patota durante una manifestación realizada el 5 de junio de 2012, llegó a enfrentarse cara a cara con Cariglino y ha recibido numerosas amenazas. La última ocurrió hace apenas una semana, antes de presentarse ante la justicia para identificar a uno de sus presuntos agresores.
Su abogado pidió nuevas medidas de seguridad para la mujer, pero Lapargo rechazó la solicitud al considerar que la custodia que tiene actualmente es la “correcta”.
“El fiscal general debería explicar qué es una buena custodia, por qué los policías que custodian a Ledesma no impidieron que los patoteros de Cariglino se metieran en su casa y la amenazaran, por qué no impidieron que la golpearan o que le tiraran el auto encima en la calle… ¿y la custodia es correcta? ¿Lapargo no vio las últimas denuncias con los ataques padecidos por Ledesma y su esposo?”, se preguntó el letrado.
