María Martínez y Alberto Palacio fueron subsecretarios de Derechos Humanos en Almirante Brown y San Martín, respectivamente, pero renunciaron hace dos semanas cuando los jefes comunales Darío Giustozzi y Gabriel Katopodis decidieron acompañar al intendente de Tigre, Sergio Massa, en su candidatura.
Ahora el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Guido Carlotto, los convocó para crear oficinas descentralizadas de DD.HH. en esos mismos municipios con el objetivo de «continuar los lineamientos políticos y de gestión en torno a Memoria, Verdad, Justicia e Inclusión Social», señaló un comunicado oficial.
Para Carlotto, la decisión expresa «la firme voluntad de prescindir de las especulaciones de ciertos dirigentes, ya que el proyecto nacional necesita redoblar los esfuerzos para seguir gestionando en los términos que indica la historia reciente».
«Martínez y Palacio entienden que alejarse del proyecto que lidera Cristina Kirchner es abandonar no sólo un camino político e institucional, sino darle la espalda a una forma de gestionar basada en canalizar las demandas concretas de todos los sectores de la sociedad», afirmó el funcionario bonaerense.
Martínez explicó que se alejó del municipio «por la decisión de Giustozzi de pasar a la oposición con Massa y porque mi identidad política es el Frente para la Victoria».
Por su parte, Palacio afirmó que «llegó al municipio con un proyecto determinado en el marco de un proyecto nacional y popular» y consideró que la decisión de Katopodis «lamentablemente pone la mirada en un proyecto diferente».
Acerca de los puntos neurálgicos del trabajo a desarrollar, Palacio destacó «el tema de violencia institucional que venimos desarrollando junto con la secretaría de DDHH de la provincia», y agregó que «las mismas tareas de promoción y protección que veníamos trabajando en conjunto y en forma integral deben profundizarse y continuar dentro del distrito de San Martín».
Ambos municipios estaban incluidos en el nuevo convenio de colaboración que la secretaría de Derechos Humanos viene desplegando en la provincia desde la asunción de Carlotto.
El convenio -firmado por 37 municipios- tiene por objeto la conformación del Consejo Provincial de Derechos Humanos como órgano rector del desarrollo de políticas públicas en torno a esta temática en territorio bonaerense.
Además, el organismo provincial ya cuenta con una oficina descentralizada en Mar del Plata, a cargo de la primera funcionaria trans de la Provincia, Daniela Castro.
