.
El senador Emilio López Muntaner habló con esta agencia sobre la ley de Ética Pública, aprobada ayer en la Cámara alta bonaerense. “Logramos un acuerdo en el Senado”, afirmó, “Cuando la ley salga va a ser una de las que más transparencia le va a dar a la gestión de los funcionarios públicos en la Provincia».
A principios de este año, el titular del Senado bonaerense, Gabriel Mariotto, había dicho que este sería uno de los temas prioritarios de la agenda legislativa para avanzar “en materia de transparencia como lo ha hecho la Nación».
Al respecto, López Muntaner destacó el un avance significativo que representa en materia legal, y el trabajo realizado por el Vicegobernador, quien impulsó la iniciativa en la Legislatura.
“Me parece importante que los funcionarios provinciales informen sobre sus bienes ante el conjunto de la sociedad, de la misma forma en que lo hace la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los demás funcionarios nacionales”, analizó.
En la misma línea, el senador sostuvo que la declaración jurada es importante “no sólo para el Gobernador o los ministros, sino también para miembros del ejecutivo municipal y del Poder Legislativo”.
Asimismo, López Muntaner manifestó el aporte institucional que representa la posibilidad de que el Poder Judicial también forme parte de la política de transparencia. En relación a los objetivos pendientes, expresó: “Esperamos que en algún momento se clarifique este aspecto y se democratice la justicia”.
Este jueves, el proyecto que lleva la firma de los presidentes de los bloques del FPV-PJ, Cristina Fioramonti, y del GEN-FAP, Ricardo Vázquez, obtuvo finalmente media sanción y fue girado a la Cámara de Diputados.
La norma obliga a los funcionarios de los tres poderes del Estado provincial a rendir cuentas sobre sus patrimonios e ingresos una vez al año y establece la creación del Tribunal Social de Responsabilidad Política, el cual deberá garantizar la efectividad de la ley y controlar la conducta de los mismos en el desempeño de su función.
La iniciativa también determina que no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, con motivo del desempeño de sus funciones. En el caso de que los obsequios sean de cortesía o de costumbre diplomática, la autoridad de aplicación reglamentará su registración y en qué casos y cómo deberán ser incorporados al patrimonio del Estado provincial.
