Con el dictamen de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá tomar una decisión de fondo sobre la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Gils Carbó se pronunció en ese dictamen a favor de la constitucionalidad de los artículos de la norma cuestionados por el Grupo Clarín y recomendó al máximo tribunal que revoque el fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal que benefició al monopolio.
La jefa de los fiscales federales remarcó el valor de la ley sancionada en octubre de 2009, mediante un proceso histórico que incluyó un debate amplio y participativo, en cuanto a su propósito de garantizar el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión en condiciones de equidad y la conformación de un debate público plural y diverso.
La procuradora consideró que la resolución de la Cámara “es el resultado de un apartamiento de los fines previstos por el legislador, que fueron sustituidos por el tribunal arrogándose facultades ajenas”.
“Los jueces han incumplido su misión de dar pleno efecto a las normas vigentes sin sustituir al legislador, al juzgar sobre el mero acierto o conveniencia de las disposiciones que adoptó en el ejercicio de sus facultades propias”, argumentó.
Asimismo agregó que sentencia que benefició a Clarín “asigna a la libertad de expresión un contenido decimonónico que se limita a prohibir la intervención del Estado en la esfera privada del individuo y relega la contracara de ese derecho que demanda una protección activa del Estado”.
“La decisión apelada está fundada en apreciaciones que revelan un notable sesgo en la conceptualización de la libertad de expresión y del derecho de propiedad, que ignora los paradigmas de la realidad económica actual y prescinde absolutamente de la dimensión social y pública de los intereses en juego que inspiraron la sanción de la nueva ley. Además, la sentencia se aparta de las circunstancias particulares del caso al omitir toda valoración a la situación de los demandantes, cuya concentración empresarial pone en peligro la vigencia efectiva de derechos fundamentales”, concluyó.
