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El reciente fallecimiento del ex secretario de redacción de La Nueva Provincia, Mario Gabrielli, dejó al propietario de ese medio bahiense, Vicente Massot, como el único civil con vida acusado por el secuestro, tortura y fusilamiento de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, el 30 de junio de 1976.
El pedido de detención contra Massot, que también incluía a Gabrielli, fue rechazado en primera instancia por el juez federal Santiago Ulpiano Martínez, pero la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca apeló la medida ante la Cámara Federal.
“Mientras la Cámara resuelve nosotros continuamos investigando y siguen apareciendo más elementos de prueba”, dijo el fiscal José Nebbia a AgePeBA, aunque consideró que los elementos que ya fueron presentados “son suficiente para efectivizar la detención” del dueño de La Nueva Provincia.
Nebbia explicó que junto a su colega Miguel Ángel Pallazani señalaron “los distintos planos de participación que tuvieron estas personas en el plan criminal perpetrado contra la sociedad civil”.
Para los fiscales, tanto Gabrielli como Massot tuvieron una “participación criminal concreta y específica” que “se disfrazó bajo el ropaje de la actividad periodística”.
“Desde las páginas del diario se incitaba al odio y a la violencia. Se marcaba y construía la figura del enemigo, del subversivo, alentando a la delación y la denuncia”, agregó Nebbia.
El fiscal explicó que se ha hecho un “exhaustivo peinado” de miles de notas y editoriales del diario La Nueva Provincia, desde antes del Golpe de Estado hasta la restauración de la democracia. “Lo que encontramos ahí fue un patrón criminal y una clara preparación psicológica del terreno, incluso antes de 1976”.
A pesar de todas las pruebas, hay una fuerte resistencia de la justicia a la hora de avanzar sobre la complicidad de los civiles con el terrorismo de Estado.
“Cuando uno solicita la detención de un militar, se los procesa y se los lleva a juicio. Pero cuando uno quiere avanzar sobre delitos de civiles, encontramos trabas y resistencias”, dijo Nebia y recordó un caso emblemático de complicidad eclesiástica, el del cura Aldo Vara, aún impune en Bahía Blanca.
Vara fue capellán auxiliar del V Cuerpo del Ejército hasta 1979. El tribunal que condenó el año pasado a 17 represores bahienses, ordenó que se lo investigara por su participación en secuestros, torturas y asesinatos, pero el mismo juez Martínez que protege a Massot consideró que no existían “elementos suficientes” para detenerlo. La decisión de primera instancia que benefició a Vara fue ratificada por la Cámara que hoy tiene en sus manos la apelación contra el director de La Nueva Provincia.
