A principios de este año, el titular del Senado bonaerense, Gabriel Mariotto, había dicho que la ley de Ética Pública sería uno de los temas prioritarios de la agenda legislativa para avanzar “en materia de transparencia como lo ha hecho la Nación».
Este jueves, el proyecto que lleva la firma de los presidentes de los bloques del FPV-PJ, Cristina Fioramonti, y del GEN-FAP, Ricardo Vázquez, obtuvo finalmente media sanción y fue girado a la Cámara de Diputados.
La norma obliga a los funcionarios de los tres poderes del Estado provincial a rendir cuentas sobre sus patrimonios e ingresos una vez al año y establece la creación del Tribunal Social de Responsabilidad Política.
Fioramonti explicó que la ley “será aplicada a los funcionarios que en forma permanente o temporaria presten servicios remunerados y en relación de dependencia en cualquiera de los Poderes Públicos del Estado Provincial o Municipal, Entidades Descentralizadas, Entes Autárquicos, Organismos de Control, empresas estatales o con participación estatal mayoritaria y fondos fiduciarios, sea que accedieren al cargo por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal”.
“Los funcionarios deberán presentar una declaración jurada patrimonial integral, dentro de los 30 días desde la asunción, deberá ser actualizada anualmente y presentar una última declaración, dentro de los treinta días hábiles desde la fecha de cesación en el cargo”, agregó la legisladora.
Además, toda persona podrá consultar y obtener copia de las declaraciones juradas presentadas con la debida intervención del organismo de registro, previa presentación de una solicitud escrita.
La iniciativa también determina que los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, con motivo del desempeño de sus funciones. En el caso de que los obsequios sean de cortesía o de costumbre diplomática, la autoridad de aplicación reglamentará su registración y en qué casos y cómo deberán ser incorporados al patrimonio del Estado provincial.
El Tribunal Social de Responsabilidad Política deberá garantizar la efectividad de la ley y controlar la conducta de los funcionarios públicos en el desempeño de su función.
