En su dictamen ante el juez federal Julián Ercolini, el fiscal sugirió una serie de medidas de prueba, entre ellas «que verifique que día efectivamente se depositaba el medio aguinaldo», para el personal ferrroviario, uno de los argumentos de la medida de fuerza, rechazada por el ministro.
Delgado recordó que según Randazzo la huelga se relacionó con la disconformidad del gremio de conductores con la implementación de un sistema de cámaras en las cabinas de los trenes y que, «por lo tanto, la alegada falta de depósito del aguinaldo era una excusa pues, tradicionalmente el segmento correspondiente al primer semestre del sueldo anual complementario se deposita el cuarto día hábil del mes».
El fiscal dijo que la denuncia plantea el interrogante «realmente complejo» sobre «si es factible sancionar penalmente el ejercicio de un derecho constitucional como el de huelga», por lo que también recomendó recabar el testimonio de un especialista en derecho constitucional designado por Universidad de Buenos Aires y la Universidad Torcuato Di Tella.
Delgado expuso razones a favor del derecho de huelga, pero consideró que en esta causa se denunció el entorpecimiento de servicios públicos «con la particularidad de un impacto social difícil de mensurar, porque alteró sin respaldo legal la vida de muchísimas personas».
El fiscal pidió al juez que «obtenga el instrumento por el cual `La Fraternidad´ ordenó la huelga, ya que es imprescindible analizar las razones que invoco él gremio».
Delgado sugirió a Ercolini que también solicite «las imágenes que documentan» los daños derivados de la huelga».
