.
El recurso ante la Cámara de Casación fue presentado por no reconocer la privación ilegal de la libertad y los tormentos sufridos por los hermanos Iaccarino en el ex centro de detención y torturas “El Infierno”, perteneciente a la brigada de Avellaneda.
En su apelación, los fiscales reclamaron que la Cámara de Casación ordene al tribunal un nuevo pronunciamiento, «sin necesidad de un nuevo juicio», según consigna el sitio Fiscales.gob.ar.
Schapiro y Fernández habían requerido 11 y 13 años de prisión para los dos imputados, jefe y subjefe por entonces de la Brigada de Investigaciones de Avellaneda, por considerarlos coautores del delito de secuestro coactivo y aplicación de tormentos.
En su alegato, calificaron esos delitos como crímenes de lesa humanidad, y los vincularon «directamente con la transferencia compulsiva del dominio de dos fracciones de campo y un avión ejecutivo de propiedad de la familia».
Con este recurso, los fiscales cuestionan el voto de la mayoría del tribunal compuesta por los jueces Pablo Jantus y Pablo Vega -ya que el presidente del Tribunal, Carlos Rozanski, se manifestó en disidencia- que no dio por acreditado que los hermanos hubieran estado secuestrados en aquella dependencia policial, ni que tampoco hubieran sido atormentados ni desapoderados de sus bienes.
Y cuestionaron al tribunal por considerar ilegal la detención de los Iaccarino hasta su ingreso a la Brigada de Avellaneda tras su secuestro en el ex centro clandestino COTI Martínez, momento desde el cual, para los jueces, la detención se convirtió en legal.
«En suma, entiende este Ministerio Público que los lugares de detención por los que pasaron los Iaccarino fueron distintos eslabones de un mismo periplo ilegal, y contribuyeron al fin último de debilitar su voluntad para que accedieran a disponer forzadamente de sus bienes», remarcaron los fiscales.
Los hermanos Rodolfo y Carlos Iaccarino fueron secuestrados el 4 de noviembre de 1976 en Santiago del Estero, mientras que Alejandro fue detenido junto a su madre en la Capital Federal.
Antes de su traslado a la Brigada de Avellaneda, pasaron por comisarías porteñas de la Policía Federal, y por el centro clandestino de detención COTI Martínez, que funcionaba en el puesto de la policía caminera de esa localidad del norte del Conurbano.
En el juicio ante el Tribunal Oral Federal Nº1, los hermanos declararon que fueron obligados a vender -con la amenaza de que serían arrojados al Río de La Plata- unas 25 mil hectáreas de campo y un avión y que los compradores les prometieron un pago que nunca se concretó.
