El secretario de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense, Ulises Giménez, destacó hoy el “esfuerzo que está haciendo Gabriel Mariotto por la democratización de la justicia” en la Provincia.
Giménez recordó la reforma de la ley de jury, sancionada el año pasado, y aseguró que la gestión del vicegobernador “le ha dado mucho más sustento al jurado de enjuiciamiento”.
“Gracias a las modificaciones que se hicieron se le pudo poner plazos al Presidente de la Suprema Corte para que llame a una primera reunión sobre los jueces denunciados, porque sucedía que, al no tener plazo, un juez denunciado no sabía cuándo se iba a resolver su situación”, ejemplificó.
El secretario también remarcó que los cambios en la norma permitieron “acelerar los procesos” en un contexto en el que se registran “unas 30 o 40 causas por año”.
“Nuestra ley es sabia”, consideró Giménez y puso otro ejemplo: “No solamente una persona que tiene un problema con un magistrado se puede presentar en la Secretaría, sino que además tiene la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento, donde se puede presentar sin patrocinio letrado, sin gastar un peso, y donde le van a direccionar la denuncia”.
En el Anexo del Senado bonaerense se desarrolla el Jury al titular del Juzgado Correccional 1 de Junín, Mario Ordoñez, acusado de mal desempeño en sus funciones por cometer «faltas de diferente índole, relativas al dictado de resoluciones de sentencias, a la gestión administrativa y de trámite de las causas, a la organización del Juzgado a su cargo, con reiteradas y graves irregularidades».
“Se trata de una denuncia de acoso laboral, de maltrato hacia su personal. Ésa es prácticamente la base fáctica de la denuncia”, explicó Giménez en relación al jury contra Ordóñez.
Al juez de Junín también se le imputa no haber proyectado actos jurisdiccionales atinentes a su cargo, ni haber provisto de recursos intelectuales a sus colaboradores, para el cumplimiento oportuno de obligaciones.
De igual manera, se lo acusa de haber evitado de manera irregular la materialización de las correspondientes audiencias de debate, evitando de ese modo participar y presidirlos, entre otras imputaciones.
Recientemente, la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia también elevó a juicio político la causa contra el juez de Garantías de Morón, Alfredo Meade, el fiscal general de ese mismo distrito, Federico Nieva Woodgate, y el fiscal Marcelo Tavolaro.
Meade, Nieva Woodgate y Tavolaro están acusados de mal desempeño en sus funciones, luego de la investigación que realizó la comisión especial del Senado en torno al secuestro y asesinato de Candela Sol Rodríguez, ocurridos en agosto de 2011.
Este jury atraviesa actualmente la etapa de instrucción, por lo que la Secretaría de Enjuiciamiento se encuentra abocada a la recopilación de pruebas.
