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La Ley Orgánica de Comunicación, mandato de la Constitución de Montecristi bloqueado por la oposición durante tres años y ocho meses en Ecuador, entra hoy finalmente en vigencia tras su aprobación parlamentaria y la ratificación del Presidente Rafael Correa. La Asamblea Legislativa dio su visto bueno a esa propuesta de ley el pasado 14 de junio, con un promedio de más de 108 de los 137 parlamentarios en las votaciones de los siete títulos de ese cuerpo legal.
La mayoría legislativa del gobernante Movimiento PAIS y aliados, cumplió así el mandato derivado de la Constitución de 2008 que ordenó a la Legislatura aprobar en un plazo máximo de 365 días varias leyes, entre ellas la de Comunicación.
La entrada en vigencia de esa ley pondrá fin al abuso mediático de los medios de comunicación privados, cuyos fines de lucro se consideran aquí el mayor atentado a la libertad de expresión popular.
El Presidente Correa envió el lunes mediante oficio esta Ley para su publicación inmediata en el Registro Oficial, lo cual pone en vigencia este cuerpo legal que deroga la ley promulgada en 1975 durante la dictadura militar en el país.
Toca ahora conformar el Consejo de Regulación, el cual integran cinco personas: por la Función Ejecutiva, que lo preside; de los Consejos de Igualdad; Participación Ciudadana y Control Social; Gobiernos Autónomos Descentralizados, y el Defensor del Pueblo. La próxima designación del Superintendente de Información y Comunicación saldrá de una terna que envíe el Ejecutivo al Consejo de Participación Ciudadana, cuyo plazo no está fijada en el cuerpo legal.
La ley tiene 119 artículos y 22 disposiciones transitorias; plantea revertir las frecuencias ilegalmente conseguidas y redistribuir las mismas, establece el principio de responsabilidad ulterior, prohíbe la censura previa y sanciona el linchamiento mediático.
La democratización de las frecuencias, acumuladas en la actualidad en más de un 90 por ciento en manos privadas, establece que un 34 por ciento serán asignadas a medios comunitarios, un 33 por ciento a medios públicos y un 33 por ciento a medios privados.
