El corporativismo expresado en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que suspendió la elección popular de los consejeros de la Magistratura, dejó un sabor amargo en la provincia de Buenos Aires, donde recién arranca el debate por la democratización judicial. Pero esto no significa renunciar a la discusión ni a la continuidad de los cambios iniciados el año pasado a instancias del vicegobernador Gabriel Mariotto.
Tras la sanción de proyectos como la creación de la Policía Judicial, el desdoblamiento del Ministerio Público Fiscal y la modificación del Jury de Enjuiciamiento, el titular del Senado bonaerense impulsó otras iniciativas en sintonía fina con las reformas planteadas por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El paquete de proyectos provinciales incluye la reforma de la Magistratura, pero además otras que garantizan el ingreso igualitario al Poder Judicial, la creación de Cámaras de Casación Laboral, una ley de Ética Pública para que todos los funcionarios rindan cuentas sobre sus patrimonios e ingresos una vez al año, la ley de acceso a la información pública, Juicios por Jurados, entre otras.
El jefe del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, Juan De Jesús, dijo a AgePeBA que “de la mano de la reforma a nivel nacional apareció la provincial, lo que nos llevó a mantener contacto con los senadores que están discutiendo los proyectos presentados en la Cámara alta”.
“Esperamos que cuando esos proyectos lleguen a Diputados podamos trabajarlos en conjunto”, agregó el legislador.
Consultado sobre la reciente decisión de la Corte Suprema de la Nación contra la elección popular de los consejeros de la Magistratura, De Jesús consideró “lamentable” que “el sistema judicial esté regido por una estructura de magistrados y abogados que se autoeligen y plantean un núcleo cerrado, sin una mirada como la que pretende la sociedad, que sea mucho más amplia”.
“El Poder Judicial es el único poder que no se ha abierto y que viene convalidándose a sí mismo. No es una anexo ni es una estructura inmune por fuera del esquema, pero es un poder que tiene determinados privilegios en cargos vitalicios”, agregó.
Más allá de la posición de la Corte, De Jesús recordó que “hay una gran cantidad de magistrados y abogados que están planteando que debe producirse un cambio dentro de la misma estructura, así que a partir de ahora no será algo monolítico”, al tiempo que destacó lo positivo de haber logrado “instalar el tema en la agenda social”.
Por su parte, el senador provincial Luciano Martini afirmó que “la decisión de la Corte atrasa”, pero aseguró que de ningún modo “vamos a abandonar la lucha” por la democratización de la justicia.
“La lucha que se ha presentado no es en contra de alguien, sino a favor de la sociedad” porque “el ciudadano quiere una justicia rápida, democrática y que garantice los derechos de los argentinos”, subrayó.
En este sentido, Martini explicó que “el Poder Judicial es el único que no se ha actualizado al tiempo histórico que demanda la Nación en estos diez años de cambio que se iniciaron con Néstor Kirchner y con la presidenta Cristina Fernández”
“Ellos fueron los que pusieron a los juristas de la Corte de cara al pueblo, que luego ante las tensiones se apoltronaron y retrocedieron sobre los intereses permanentes del statu quo”, dijo y agregó que “una cosa es que no nos guste la reforma y otra cosa muy distinta es que sea declarada inconstitucional. En los países más avanzados ése es el último resquicio que puede tener un juez para negar la aplicabilidad de una ley sancionada”, completó.
Martini adelantó que en la Provincia la reforma judicial se trabajará de la misma manera que “lo hicimos con la Policía Judicial” y otros proyectos, apelando a “la participación popular y democrática, como lo ha planteado el vicegobernador Gabriel Mariotto”.
