El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, afirmó que la Ley de Minería, de reciente aprobación por el Parlamento, garantiza los derechos colectivos de las comunidades y reglamenta impuestos a los ingresos extraordinarios.
Nadie se engañe, no es que la Ley sea inconstitucional, lo que no quieren es la minería y buscan cualquier pretexto para boicotear, dijo el mandatario al referirse a la oposición política al gobierno en su habitual rendición de cuentas a la ciudadanía.
Comentó que nadie tiene derecho a impedir el avance del país, decir mentiras o irrespetar la voluntad de la mayoría de ecuatorianos, y preguntó en qué afecta a los derechos ciudadanos que se haya creado por ley la categoría de mediana minería.
La pequeña minería establece un tope de hasta 300 toneladas métricas diarias, dijo, hasta las 500 toneladas métricas se considera mediana minería y a partir de esa cifra minería de gran escala.
Las empresas deberán incrementar su pago de regalías al Estado del 3,0 al 4,0 por ciento cuando rebasen la escala de pequeña minería, en lo cual, agregó, la Ley reglamenta impuestos a ingresos extraordinarios y simplifica trámites que antes dificultaban el proceso.
Los permisos para trabajar en minería se mantienen, pero sólo dos son comunes a todas las actividades mineras: el del Ministerio de Ambiente y el de la Secretaría Nacional de Agua, y añadió que se fortalece el control y sanción de la minería ilegal.
En el caso de la minería a gran escala, el Estado pone una vara más estricta en los tiempos máximos en los que puede emitir una licencia ambiental, que hasta ahora podía demorar unos dos años y ahora se establece en nueve meses el plazo, comentó Correa.
La minería de canteras de materiales para construcción pasa a ser competencia exclusiva de gobiernos locales; sólo podrán vender oro al Banco Central; y destacó Correa la incorporación de la minería artesanal y pequeña al sistema de economía popular y solidaria.
