La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires trató hoy el proyecto de excarcelaciones, aprobado el jueves pasado por el Senado, y lo convirtió en ley con la mayoría de los votos del cuerpo.
Esta iniciativa, que limita las excarcelaciones en caso de portación ilegítima de armas de fuego, intento de fuga y antecedentes penales, fue rediseñada por el gobernador Daniel Scioli y el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, luego de que una ley similar sancionada el año pasado fuera suspendida por la Suprema Corte tras un planteo de inconstitucionalidad de organismos de derechos humanos.
A diferencia de la norma anterior, el nuevo proyecto amplió las facultades de los jueces intervinientes, que serán los que deberán decidir si la portación de armas ilegales y el posible intento de fuga implican un peligro procesal que hagan necesario mantener al imputado en prisión hasta el dictado de la sentencia definitiva.
La norma reforma del artículo 171 de la Ley 11.922 para establecer que “en ningún caso se concederá la excarcelación, cuando hubiera indicios vehemente de que el imputado tratará de eludir la acción del a justicia o entorpecer la investigación”.
“La eventual existencia de estos peligros procesales podrá inferirse de las circunstancias previstas en el artículo 148. El Juez podrá considerar que concurren esos extremos cuando, en los supuestos de tenencia y portación ilegítima de arma de fuego de cualquier calibre, el imputado hubiera intentado eludir el accionar policial, evadir un operativo público de control o, de cualquier otro modo, desobedecer, resistirse o impedir el procedimiento”, agrega el texto de la ley.
Adopción
La Cámara baja también aprobó este jueves y giró al Senado un proyecto de ley que agiliza el procedimiento de adopción, respetando todas las garantías del proceso y dando prioridad al interés superior del niño.
El nuevo procedimiento de adopción, que fue trabajado en primera instancia por el Observatorio Social Legislativo de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, quedó plasmado en varios proyectos que se fusionaron a instancias del bloque del Frente para la Victoria.
La norma, que obtuvo respaldo unánime en el recinto, establece entre otras cosas un plazo de seis meses para que el juez decida si están dadas o no las condiciones de “desamparo moral o material” y así resolver la situación de adoptabilidad del menor cuyos derechos se vean afectados. Además, otorga mayores facultades a los servicios locales de promoción y protección de los derechos del niño.
