Eugenio Zaffaroni disertó hoy en el cierre del Congreso Internacional sobre Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. De este último panel también participaron la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, el catedrático español Francisco Muñoz Conde y el defensor ante la Corte Suprema Julián Langevin.
Luego de hacer un repaso por el origen de la práctica de la tortura, Zaffaroni subrayó que la responsabilidad de la aplicación de la tortura en la actualidad no es exclusiva de las fuerzas de seguridad, sino que además «existen responsabilidades judiciales, políticas, legislativas y de los medios de comunicación».
“El agente principal de la tortura en nuestra región son nuestras policías, que no actúan solas: operan dentro de determinados marcos de poder contra personas que son estereotipadas a través de construcciones sociales de la realidad, que hacen los medios de comunicación, fundamentalmente la TV», reseñó el magistrado de la Corte.
En cuanto a la responsabilidad legislativa, Zaffaroni dijo que “se fabrican irresponsablemente leyes penales, a partir de una agenda marcada por los medios masivos que están al servicio de sectores hegemónicos que concentran la renta”.
“En todo proceso de concentración de renta, en que se pretende una distribución y no se logra, necesariamente los que se quedan con la menor renta se sienten incómodos. Se mueven, hay que controlarlos», sostuvo y agregó que «el control se vuelve represivo y en ese marco tenemos que enfrentar la manifestación más cruel de la violencia institucional, que es la tortura”.
A su turno, la defensora general Stella Maris Martínez agradeció a todas las instituciones y organismos que colaboraron en la organización del encuentro y anunció que la Campaña Nacional contra la Tortura tendrá su evento de cierre en el mes de noviembre en la provincia de Tucumán.
“Aunque aún falta mucho, tenemos que seguir luchando de manera firme contra la supervivencia de la tortura: hemos dado un gran paso cuando dejamos de ver a la tortura como un problema de derecho penal y lo consideramos un problema de derechos humanos”, culminó Martínez.
Para las dos jornadas que se realizaron en la Biblioteca Nacional, el Congreso contó con la presencia de 40 disertantes nacionales e internacionales y la participación de más de 700 personas.
