El gobierno uruguayo respaldó ante la 43ª Asamblea General de la OEA su planteo de una regulación estatal de la producción y comercialización de la marihuana, como una forma de encarar un ¨ debate necesario «para enfrentar el desafío del problema mundial de las drogas en las Américas».
El viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Porto, fue el encargado de representar la posición uruguaya ayer en Guatemala, y resaltó que ese debate debe ser «sin sesgos ideológicos, riguroso, basado en evidencias y buenas prácticas, centrando el tema en el ser humano y no en las sustancias», indicó.
Uruguay está a punto de comenzar a debatir en el Parlamento un proyecto impulsado por el Presidente José Mujica, para que el Estado de su país regule la producción de marihuana con la entrega de licencias de cultivo a privados, permita la creación de clubes de autocultivo y ponga la distribución de la droga en farmacias de todo el país para dar hasta 40 gramos por mes a usuarios
registrados.
En su intervención, difundida este viernes por la Secretaría de Comunicación de Presidencia, Porto se manifestó de acuerdo con fortalecer los sistemas de salud y el tratamiento del consumidor
como sujeto de salud pública, considerar al Estado como promotor de la paz, intensificar el foco en tráfico ilícito de armas y «blanqueo de dinero», así como con la nueva regulación para algunos cultivos.
Hizo referencia a las afirmaciones de Mujica, de que «de vez en cuando se intercepta una carga de droga o se le da captura a algún narcotraficante y se considera una batalla ganada, pero mientras tanto, el narcotráfico sigue reclutando jóvenes de las poblaciones más excluidas que terminan muertos en actos de violencia».
«Esto demuestra que se podrán ganar batallas pero no la guerra. Más allá de nuestros discursos es la realidad la que interpela día a día el paradigma de la llamada guerra contra las drogas», dijo.
Finalmente, subrayó que el gobierno uruguayo considera que tiene los antecedentes necesarios y la autoridad moral en la materia, como para que se comprenda, que en forma soberana, tiene la iniciativa de regular responsablemente el mercado de cannabis, estableciendo pautas de control del Estado, en el marco de acciones de la Estrategia por la Vida y la Convivencia, que garantizar el derecho a la seguridad ciudadana.
