Así lo confirmó hoy Osvaldo Papaleo, quien también estimó que recibirá en los próximos días la citación para declarar en la causa que instruye el juez Julián Ercolini.
La Justicia analiza la tasación de la empresa Papel Prensa desde sus orígenes, sus balances «históricos» y la evolución del precio de sus acciones para comprobar si hubo «precio vil» en su venta durante la última dictadura cívico militar.
El juez federal Julián Ercolini, a cargo de la causa, requirió el envío de todos los balances y un informe sobre la tasación y la evolución del precio de sus acciones «desde sus orígenes» para determinar si hubo «precio vil» en la venta.
«Se comparará el precio de las acciones en esa época y a cuánto se vendió», explicaron fuentes judiciales.
Como esta etapa ya está finalizando, ahora comienza la fase de citación de testigos, comenzando por las víctimas de la operatoria.
En este sentido, declararán Lidia y Osvaldo Papaleo, y Rafael Yanover, quien era vicepresidente de Papel Prensa.
“Sería muy bueno que declare Héctor Magnetto, Ernestina de Noble y la familia Mitre», explicó Papaleo.
En diciembre del año pasado, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió citar a declaración indagatoria a quienes figuran como imputados en la causa, Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, Sergio Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos, Hugo Peralta Ramos, y el ex dictador Jorge Rafael Videla, fallecido recientemente.
También se había requerido la del ex ministro de Economía de la última dictadura cívico militar José Alfredo Martínez de Hoz, quien también murió.
En la causa se investiga si hubo delitos de lesa humanidad en la venta de las acciones de la empresa que pertencía a la familia Graiver, cuyos integrantes fueron secuestrados y torturados, para concretar el traspaso a precio vil a La Nación SA, Clarín y La Razón SA en la últma dictadura.
Los querellantes en la causa son la viuda de David Graiver, Lidia Papaleo y la Secretaría de DD.HH.
La causa iniciada en el 2010 estuvo frenada por un conflicto de competencia entre la Justicia federal porteña y la de La Plata, que quedó superado cuando la Cámara Federal porteña resolvió que Ercolini quedase a cargo del caso.
