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La Unidad Fiscal de Derechos Humanos presentó un recurso de apelación ante la Cámara Federal por la decisión de un juez de rechazar un pedido de detención contra el director y un ex periodista del diario «La Nueva Provincia» por delitos de lesa humanidad durante la dictadura.
Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia apelaron la resolución del juez Federal ad hoc Santiago Martínez, quien había rechazado el pedido de detención y llamado a indagatoria del empresario Vicente Massot y del ex secretario de redacción del diario «La Nueva Provincia», Mario Gabrielli.
Fuentes judiciales señalaron que «los fiscales cuestionaron la medida del juez Martínez al considerar que debió convocar a indagatoria a los dos imputados y luego, si consideraba que no había elementos, dictar la respectiva falta de mérito». «Además, Palazzani y Nebbia rechazaron los argumentos del magistrado de que hechos considerados por la fiscalía como operativos militares de acción psicológica estuvieran enmarcados en el derecho a la libertad de expresión de los imputados», agregaron las fuentes consultadas.
Los funcionarios judiciales precisaron en el recurso de apelación que el juez Martínez comete “una clara interferencia y obstaculización de la investigación sobre la cual el Ministerio Público es el titular”. «Dice el juez en su resolución que la realidad de aquella época se acreditó luego de una ardua y compleja investigación; ello es de un cinismo judicial difícil de igualar”, señaló el escrito presentado por los fiscales.
En el marco de la causa, los fiscales investigan el secuestro y posterior homicidio de dos obreros gráficos que se desempeñaron en el diario bahiense. Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola eran obreros gráficos y dirigentes del Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca. Los dos trabajadores fueron secuestrados al atardecer del 30 de junio de 1976 y sus cuerpos maniatados, con signos de torturas y numerosos disparos, aparecieron el 4 de julio de ese año en la Cueva de los Leones, sobre la ruta nacional 33 y a 17 kilómetros de Bahía Blanca.
Los crímenes de los dos trabajadores gráficos forman parte de la causa 04/07 que investiga los crímenes cometidos en jurisdicción de la Armada Argentina durante la dictadura militar.
