Por Lucía Pires / “Viviana Arcidiácono, desde la Auditoría General de Asuntos internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, fomenta la violencia institucional haciendo caso omiso a los indicios de abuso de armas de fuego por parte de efectivos policiales”, denunció a esta agencia el Defensor Juvenil Julián Axat.
Según él mismo, la Directora de la Auditoría dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, ex senadora de la provincia por el partido Propuesta Republicana Pro, y quien hoy trabaja bajo el ala del gobernador de la Provincia, Daniel Scioli, debería controlar el cumplimiento de los protocolos establecidos para la utilización de armas de fuego: “Arcidiácono tendría que dar cuenta de los casos de gatillo fácil y solicitar intervenciones, no fomentar la continuidad de los criminales en las fuerzas policiales”.
Axat realizó la semana pasada una presentación ante la Suprema Corte de la Provincia para que se investiguen los asesinatos de Maximiliano de León, Franco Quintana, Omar Cigarán, Rodrigo Simonetti, Lucero Axel, Bladimir Garay y Sebastián Nicora, ocurridos ente los meses de junio de 2012 y mayo de 2013 en La Plata y sus alrededores.
Las víctimas que investiga la Defensoría Oficial 16 tienen una serie de puntos en común: todos eran menores de bajos recursos económicos, tenían antecedentes penales y, al mismo tiempo, habían iniciado causas penales contra la Policía Bonaerense por violencia institucional.
Axat está visibilizando, en 11 meses, 7 asesinatos que quedaron impunes. “Si esto ocurre en el centro administrativo de la Provincia, a la vista de todos, ¿qué ocurre en los lugares más marginales?”, se pregunta. En la misma línea, el Defensor Juvenil sostiene que la “ejecución extrajudicial” de menores es el resultado de un “autogobierno” de la bonaerense, responsabilidad del Gobernador de la provincia, y de su ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal.
El uso de armas de fuego en las fuerzas está actualmente reglamentado. La ley indica que la portación por parte de la policía está estrictamente dirigido a disuadir un conflicto, no a asesinar a un sospechoso, donde la opción de disparar siempre debe ser la última alternativa. “Cuando se presume que un efectivo no cumplió con este protocolo, debería ser separado preventivamente de su cargo”, explicó Axat, “La cantidad de casos de gatillo fácil de los que damos cuenta demuestran que no existe un control estricto sobre el mal uso de las armas”, añadió.
“El Poder Judicial debería imputar a los responsables y preocuparse porque estos casos no se repitan”, manifestó el Defensor Juvenil, “La democratización de la Justicia va a permitir el surgimiento de nuevos Magistrados con una impronta más cercana a la gente”.
Asimismo, Axat afirmó que las leyes que está impulsando el vicegobernador Gabriel Mariotto desde el Senado -en sintonía fina con el trabajo realizado en Nación- “tienen los valores y parámetros necesarios para equilibrar la balanza en defensa de los más débiles”. Para el Defensor los nuevos instrumentos legales van a permitir “la profundización del proceso de democratización e independencia del poder político”.
Respecto al trabajo de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia, a cargo de Pablo Navarro, Axat afirmó que está signado por la negligencia: “Los derechos de los chicos están muy vulnerados, y Navarro no hace ningún esfuerzo por cambiar esa situación”. En esa línea, Axat también subrayó la necesidad de una política articulada que saque a los menores de la violencia extrema.
