Para el fiscal José Nebbia, “hay un patrón en la justicia de Bahía Blanca que se resiste a avanzar sobre los sectores civiles que cometieron delitos de lesa humanidad” y de eso da cuenta la reciente decisión del juez Santiago Martínez al rechazar el pedido para detener e indagar al dueño y director de “La Nueva Provincia”.
La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca, compuesta por Nebbia y Miguel Palazzini, elevó la solicitud contra Massot y su ex secretario de redacción, Mario Gabrielli, el viernes pasado por su participación en el plan genocida del terrorismo de Estado.
Pero el juez federal subrogante desestimó el pedido alegando que no hay pruebas en la causa que acrediten la vinculación de Massot y Gabrielli en crímenes ocurridos durante la dictadura.
Nebbia precisó que Martínez desconoció en su decisión las pruebas que demuestran que Massot era dueño del medio en el momento de los hechos. “Si él era el dueño de la empresa, y con la empresa se cometieron delitos, tendría que dar explicaciones ante la Justicia”, consideró.
La Nueva Provincia es un medio que sigue teniendo mucho poder en Bahía Blanca y que “ha utilizado su influencia para llevar a cabo un plan criminal”, explicó el fiscal.
“Nosotros recogimos pruebas sobre el rol de este medio periodístico y solicitamos medidas, pero al rechazar la indagatoria, está dejando una causa sin contenido. El magistrado está vaciando la investigación”, advirtió.
Además, aclaró que no acusan a los directivos del matutino por sus opiniones, sino por los delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura: “Martínez quiere deslizar la idea de que esto se trata de obstaculizar la libertad de expresión, pero nosotros estamos hablando de que el diario fue un medio para cometer crímenes”.
“Cayó el muro de impunidad para los militares, pero no pasa lo mismo con las otras complicidades y responsabilidades”, subrayó el fiscal y agregó: “Los militares ya no están más en el poder, pero los civiles que llamaron a las Fuerzas Armadas para imponer la matriz económica y social que les convenía, siguen teniendo poder. Ahí es donde encontramos la resistencia, y Martínez es el juez de garantiza su impunidad”.
El fiscal adelantó a esta agencia que apelarán la medida, teniendo presente el antecedente de otra causa donde la Cámara de Casación indicó que, ante el pedido de indagatoria pedido por la fiscalía, no es el juez el que se tiene que oponer, sino el abogado defensor: el tercero imparcial no puede cumplir ese rol.
“Lo que debería haber hecho Martínez es citarlo a indagatoria, escucharlo y después resolver si lo procesa o no, según las pruebas presentadas”, señaló Nebbia y agregó que el magistrado “no sólo desconoce el mandato del Tribunal Oral Federal, sino que es la única persona que niega la participación que tuvo La Nueva Provincia” en el terrorismo de Estado.
El año pasado, en el marco del primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca, el Tribunal Oral a cargo de los jueces Jorge Ferro, Martín Bava y José Triputti ordenó que se investigue “la posible comisión de delitos de acción pública por parte de los directivos de La Nueva Provincia durante la última dictadura militar”.
