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Un integrante del Ejército, imputado en una causa por delitos cometidos durante la última dictadura militar en Bahía Blanca, se dio a la fuga luego de no presentarse a un examen médico ya que gozaba de una excarcelación, informaron fuentes judiciales. .
Desde la Unidad Fiscal de Asistencia por Violaciones a los Derechos Humanos se informó a Télam que «Arroyo estaba excarcelado por orden del juzgado Federal de Bahía Blanca, decisión que fue confirmada por la Cámara, pese a las reiteradas presentaciones realizadas por esta Unidad Fiscal para que se modifique dicha situación».
«El imputado debía presentarse para un examen de rigor ante el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema el día 6 de mayo pasado, y ante su inasistencia se ordenaron distintas medidas para dar con su paradero, lo que al día de la fecha no ha sido posible», agregó la Unidad a cargo de los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani.
Según se indicó, la Unidad Fiscal se opuso en reiteradas oportunidades a que Arroyo sea excarcelado, tanto durante la instrucción como en la etapa de juicio.
«El 24 de octubre de 2012, ante la inminencia del debate oral, la Unidad solicitó al Tribunal Oral la detención de Arroyo junto a la de otros imputados que se encuentran excarcelados como José Héctor Fidalgo y Alejandro Lawless», señaló la Unidad.
En ese contexsto se informó que el pedido fue reiterado el 21 de marzo de este año y al momento de profugarse el Tribunal nada había resuelto.
Las fuentes consultadas comentaron que «Arroyo tuvo un importante desempeño a lo largo de la última dictadura militar como integrante de la Compañía Comando y Servicios del Comando del V Cuerpo de Ejército, junto con los restantes integrantes del “Equipo de Combate contra Subversión” quienes asesinaron a la pareja formada por Daniel Hidalgo y Olga Silvia Souto Castillo, quien estaba embarazada».
«Con posterioridad Arroyo se desempeñó como seguridad del ex presidente Carlos Saúl Menem y tuvo a su cargo el Registro de la Propiedad Automotor 6 de Avellaneda», agregaron los voceros.
La Unidad Fiscal dijo también que «ha repetido en innumerables ocasiones la necesidad de que todos los imputados por delitos de lesa humanidad sean detenidos en unidades carcelarias, atento el riesgo procesal concreto y real de que se fuguen, ya que, como se ha visto en los hechos, quienes formaron parte del Estado terrorista cuentan aún hoy con la connivencia de diversos sectores de poder que protegen a este tipo de delincuentes».
También el organismo judicial detalló que en jurisdicción de Bahía Blanca también se encuentran prófugos Miguel Angel García Moreno, quien no se sabe de su paradero desde antes del inicio del juicio en la causa 982, en el año 2011, Aldo Mario Alvarez y Ricardo Joaquín Molina.
