Guido Carlotto informó hoy que la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense sigue la causa por “coacción agravada” contra Alejandro Sánchez Moreno, María Inés Uro, Silvia Valdez Ábalos, Miguel Ciappina y Marcelo Ardetti, el estado de detención de los delegados y las medidas necesarias para establecer las condiciones en que se desarrolló el operativo policial.
“Es profundamente angustioso ver delegados gremiales presos”, dijo el funcionario bonaerense al manifestar su “profunda preocupación” por los hechos registrados ayer.
También dijo que “es curioso que, justo el día en que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezaba un encuentro masivo por la democratización de la Justicia, desde el Poder Judicial se ordene un operativo de estas características en torno a una causa que desde hace meses no evidenciaba avances”.
“La Secretaría, en función de su responsabilidad política e institucional, va a seguir todos los caminos institucionales para evaluar, si los hubiera, abusos policiales e irregularidades en el procedimiento”, agregó.
Carlotto fue el único funcionario sciolista que no justificó la detención de los cuatro delegados de ATE y el militante de la agrupación “Hijos del ‘55” –Ardetti-, todos trabajadores de la Dirección General de Cultura y Educación por las protestas en esa cartera a fines del años pasado.
Con un mismo argumento, el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, la ministra de Educación, Nora De Lucía, y el titular de Trabajo, Oscar Cuartango, salieron en las últimas horas a confrontar el repudio generalizado por la criminalización de la protesta social y aseguraron que los trabajadores no fueron detenidos por manifestarse, sino porque “hubo coacción agravada, violencia física, golpes, intimidaciones, amenazas y daños materiales a bienes públicos”.
Sánchez Moreno, Uro, Valdez Ábalos, Ciappina y Ardetti fueron liberados esta tarde luego de que el juez César Melazzo, a cargo de la causa, ordenara su excarcelación.
