Los trabajadores de Lanci Impresores SRL, que fueron desalojados de la fábrica con gases lacrimógenos esta mañana por la Policía Metropolitana, continúan en las puertas de la planta ubicada en el barrio porteño de Pompeya, desde donde advirtieron que seguirán «resistiendo» en la calle en defensa de las fuentes de trabajo.
El conflicto, según explicó Leguizamón, surgió en 2008, cuando se retiró Alfredo Langehein, el dueño de la empresa en la que trabajaban 40 personas, y esta comenzó a ser gestionada por su hijo Cristian.
«Desde ese momento empezaron a pagar 100 pesos por semana bajo el argumento de que no había dinero, pero la situación llegó al límite cuando un día apareció en la fábrica con un auto Toyota Corolla cero kilómetro y desde entonces decidimos quedarnos», contó el empleado que desde hace catorce años trabaja en Lanci.
Según Leguizamón, actualmente los empleados que quedaron -16- no perciben sueldo, se sostienen con la ayuda de familiares y la Federación Gráfica Bonaerense, junto con otras organizaciones del sector.
En tanto, la planta se encuentra paralizada, con presencia de personal de seguridad privada que permanece junto al dueño, dentro de las instalaciones.
«Queremos que se activen los mecanismos legales para transformar la imprenta en una cooperativa», indicó el trabajador.
El comunero del Frente para la Victoria por la Comuna 4, Maximiliano Nenna, junto con miembros de la Federación Gráfica Bonaerense y representantes de editoriales que imprimen sus producciones en empresas recuperadas, se acercaron al lugar en solidaridad con los trabajadores.
«La semana pasada frenamos la orden de desalojo en este mismo lugar gracias a la fuerza de los trabajadores, el sindicato y el Ministerio de Trabajo, y hoy nos encontramos nuevamente con la orden de esta jueza que quiere restituirle la empresa a quien ya vació el lugar, una medida en contra de los trabajadores» manifestó Nenna.
En tanto, Jorge Gurbanov, editor de Ediciones Continente, remarcó que «sabíamos podía ocurrir esto en cualquier momento y vine acá a presentar mi solidaridad, porque nuestra producción gráfica se hace íntegramente en empresas recuperadas y autogestionadas por los trabajadores».
Gurvanov agregó que «cuando un dueño denuncia por usurpación de la propiedad privada, se produce un desalojo violento en donde lo legal prima sobre lo legítimo».
En este sentido se manifestó Eduardo Montes, vicepresidente de la Unión Productiva de Empresas Autogestionadas, quien advirtió que «este episodio es un mensaje del gobierno porteño para todas las empresas recuperadas de la Capital Federal».
