Un centenar de presos realiza una huelga de hambre en una prisión operada por los estadounidenses en el enclave naval, usado en la presunta lucha de Washington contra el terrorismo internacional, argumento bajo el cual se violan sus derechos, señalan en un comunicado.
Los especialistas de la Organización de las Naciones Unidas abordaron la detención indefinida y el maltrato que reciben los reos de las autoridades de la cárcel.
El comunicado de los miembros del panel aborda los efectos de la huelga de hambre iniciada en febrero, a causa de la cual 21 de los detenidos reciben alimentación forzada y cinco están hospitalizados.
En ese sentido, demandaron a Estados Unidos adoptar las medidas necesarias para poner fin a la detención arbitraria de personas, asegurar su liberación o enjuiciarlos de conformidad con el derecho internacional, permitir visitas de monitoreo por organismos internacionales de derechos humanos y clausurar el centro de detención.
Sobre esta situación, el relator especial de la ONU sobre tortura, Juan Méndez, recordó que a muchos de los cautivos no se les han presentado cargos y señaló que la detención indefinida en ese centro va mucho más allá de un mínimo período razonable y causa un estado de sufrimiento, tensión, temor y ansiedad que constituye una forma de tratamiento cruel, inhumano y degradante.
Precisó el funcionario que esta situación causa en los reclusos daños fisiológicos y psicológicos graves y duraderos producidos por el alto grado de incertidumbre.
Mientras, Ben Emmerson, relator sobre la lucha contra el terrorismo, informó que la Casa Blanca aprobó la transferencia de al menos 86 prisioneros al constatar que no representan una amenaza para la seguridad del país, aunque el acuerdo no se ejecutó.
En ese sentido, Hadji Malick Sow, quien encabeza el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, dijo que se ha negado el traslado a 56 de esos detenidos por el solo hecho de ser nacionales de Yemen.
El relator sobre el derecho a la salud, Anand Grover, manifestó por su parte que es inaceptable la amenaza de alimentación forzada o el empleo de otros medios de coerción física o psicológica para obligar a los huelguistas a deponer su acción de protesta por la violación de sus derechos.
Según la ONU, en los últimos 10 años las autoridades estadounidenses negaron el acceso al centro de detención de este grupo de expertos y a otros especialistas en derechos humanos pese a reiteradas demandas con ese fin.
