La Cámara de Diputados afrontaba un intenso y áspero debate sobre el proyecto que busca reformar el Consejo de la Magistratura en el marco de una sesión especial, en la que está prevista también la discusión de la iniciativa que regula las medidas cautelares en causas en las que el Estado es parte y la que crea tres nuevas Cámaras de Casación.
Con la presencia de 132 legisladores propios y aliados el oficialismo consiguió poco después del mediodía el quórum necesario para arrancar con la sesión en la que aspira a aprobar con modificaciones el proyecto del Consejo de la Magistratura, a la luz de los planteos realizados por camaristas de todo el país a través de la Corte Supremaa.
Los contrapuntos entre el oficialismo y la oposición comenzaron ya antes de que el cuerpo entrara de lleno en el debate de las iniciativas, cuando la diputada Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, planteó una cuestión de privilegio contra Diana Conti por considerar que como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales había «impedido en vez de promover» el debate.
Las afirmaciones de la diputada opositora fueron respondidas en el recinto por la propia Conti, quien sostuvo que los doce invitados que ayer expusieron sus opiniones sobre la reforma judicial en el plenario de comisiones fueron convocados por pedido de la oposición y le anticipó a Carrió que su planteo quedará «cajoneado» en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
La presidenta de esa comisión dijo que esperaba «que la participación popular logre los deseados frutos de democratizar un Poder Judicial que no ha logrado trasvasar ese ímpetu que marcó la renovación de la Corte Suprema al resto de los integrantes del Poder Judicial».
En su discurso, que abrió el debate en torno a este proyecto, Conti remarcó los cambios introducidos al texto aprobado por el Senado luego de los planteos realizados por camaristas de todo el país.
«Con estas modificaciones, la Corte se queda con la administración del presupuesto que ella misma va a proponer, va a fijar las escalas salariales y se queda con el poder de superintendencia sobre sus empleados, mientras que al Consejo le queda su presupuesto y su propia superintendencia sobre sus empleados», especificó.
En tanto, los cuestionamientos de la oposición al proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura quedaron expresados en el inicio del debate por el radical Oscar Aguad y la representante del GEN Margarita Stolbizer.
Aguad aseguró que la reforma del Consejo de la Magistratura «es anticonstitucional porque colisiona con el artículo 114 de la Constitución» y consideró «una amenaza a la imparcialidad de los jueces» la modificación del sistema de mayorías para la designación, acusación y destitución de magistrados.
El radical, que hoy es miembro del Consejo, señaló que este proyecto «cambia el paradigma de selección de jueces incorporado en la Constitución del 94, que dice que serán designados por idoneidad y no por simple mayoría» y dijo que «es inconstitucional porque se somete a los jueces a tener una camiseta partidaria».
En tanto, la diputada Margarita Stolbizer, entre sus objeciones a la iniciativa del oficialismo, cargó contra la equiparación de los requisitos para formar parte del Consejo de la Magistratura con los requeridos para ser diputado nacional: «Estamos renunciando al requisito de la idoneidad», sostuvo.
