Por Carlos López | En 60 días, los bonaerenses tendrán información certera sobre la inundación del pasado 2 de abril y sobre la cantidad de muertos que se registraron por efecto de la catástrofe, luego de que el listado oficial fuera puesto en duda a partir de las investigaciones del juez en lo Contencioso Administrativo, Luis Arias, y el defensor oficial Julián Axat.
Las Cámaras de Senadores y Diputados de la provincia de Buenos Aires decidieron ayer impulsar sus propias investigaciones sobre las causas y consecuencias del temporal, incluida la cifra de víctimas fatales, que según la Provincia son 52 y según Arias y Axat ascienden al menos a 57.
El cuerpo presidido por el vicegobernador Gabriel Mariotto pondrá a trabajar a ocho comisiones para analizar diferentes aspectos de la tragedia, mientras que Diputados creó una comisión especial para recabar información al respecto.
Arias, recientemente desvinculado de los expedientes que llevaba adelante por los fallecidos, dijo a AgePeBA que ve con “gran agrado” que alguno de los tres poderes se encargue de esclarecer los hechos para que “se conozca la verdad”.
“El Poder Ejecutivo no ha querido investigar y el Poder Judicial se ha alineado con el discurso del Ejecutivo en un pacto de impunidad”, denunció el magistrado.
En cuanto a las investigaciones que realizará el Legislativo, Arias destacó la del Senado y aseguró que se trata de “un gran avance” y “una buena señal para la gente”.
“Es muy positivo lo del Senado por su experiencia con la Comisión Candela. Esa fue una experiencia muy buena, en la que también se puso en evidencia los mismos problemas del Poder Judicial que estamos viendo ahora y los mismos pactos corporativos con la Policía”, señaló.
En este sentido, recordó que cuando tenía en sus manos las causas por el temporal no lo dejaron ingresar a la morgue para verificar el número de muertes.
“La Policía Bonaerense tiene mucha autonomía en la Provincia y es un factor de poder importante. Se siente tan impune que llegan al punto de no cumplir las órdenes judiciales y alzarse contra ellas”, subrayó.
Luego de este hecho, Arias fue inhibido por el juez penal Guillermo Atencio y comenzó una lucha por la competencia que llegó a la Suprema Corte. El máximo tribunal bonaerense avaló la investigación del fuero Contencioso Administrativo, pero ordenó el sorteo de las cusas y finalmente pasaron a otros juzgados.
“Será muy difícil que se pueda ocultar” la cifra real de víctimas, consideró el magistrado teniendo en cuenta el compromiso que encararon las cámaras parlamentarias de la Provincia y agregó que “algunos jueces y funcionarios van poner trabas, harán que se dificulte la tarea, pero no podrán detenerla ni ocultar la verdad”.
Las investigaciones de Arias, que llegaron a confirmar 57 muertos, están ahora a cargo de Ana Logar y José Terrier, titulares de los Juzgados en los Contencioso Administrativo 2 y 3 de La Plata.
“Somos juzgados diferentes, pero hay una fuerte presión de la sociedad por descubrir la verdad y esto tiene consecuencias. La verdad sobre la cantidad de víctimas tarde a temprano se va a saber”, estimó.
Y agregó: “Ahora la gente todavía está haciendo su duelo por las personas queridas que perdieron, pero debemos saber qué nos pasó, por qué nos pasó y cuáles fueron las consecuencias”
El magistrado cuestionó, además, que desde el Ejecutivo provincial no se haya habilitado “una línea 0-800” y no se hayan investigado “los casos uno por uno para que la gente pudiera expresarse”.
“Acá existió todo lo contrario. Se intentó ocultar. Esto es muy grave porque demuestra que nos puede volver a pasar”, concluyó.
