Luego de allanar y secuestrar documentación en el Registro Provincial de las Personas, el juez en lo Contencioso Administrativo 1 de La Plata, Luis Federico Arias, confirmó que son 57 los fallecidos durante el temporal del 2 de abril, cinco más de las que figuran en el listado oficial suministrado por el gobierno bonaerense.
El magistrado llevaba registrados 55 muertos hasta ser inhabilitado la semana pasada por su colega Guillermo Atencio. Sin embargo, en las últimas horas la Suprema Corte bonaerense habilitó la investigación en el fuero Contencioso Administrativo.
Al ser consultado sobre los procedimientos realizados anoche por Arias, que confirmaron un total de 57 víctimas, el defensor oficial de La Plata, Julián Axat, advirtió en FM Provincia que la nueva documentación revela «las irregularidades con las que se confeccionó el listado oficial y la violación a la ley 14.078 que establece las formalidades para emitir los certificados de defunción”.
El defensor explicó que también surgen «las irregularidades de por qué se excluyó del listado oficial a otras víctimas”.
«Ahí está toda la prueba y comienza a develarse la metodología utilizada para contarle a la sociedad la verdad o la mentira de lo que ocurrió durante el trágico temporal”, remarcó.
Axat afirmó que hay “ineptitudes y errores políticos” y consideró que “uno podría pensar por qué se quieren sostener determinadas cifras o no”.
“Hay ineptitud, ignorancia y dejadez también del Poder Judicial porque advertimos que dentro del listado que se oficializó, hay personas carecían de elementos para ser oficializados”, dijo.
Entre otras cosas “encontramos una gran cantidad de entrega de cuerpos en el listado oficial sin el oficio judicial correspondiente que exige la ley, y el destino de esos cuerpos ha sido una cremación o un entierro. Ahora no se puede verificar la verdadera causa de la defunción y eso es grave”.
“No sabemos por qué el oficio judicial se ha suplido por un sello del Ministerio de Justicia y Seguridad y se han relajado las formalidades que el Registro de las Personas establece para entregar un cuerpo”, enfatizó Axat.
Consultado sobre si esas irregularidades pueden haber sido producto del desborde que la situación de desastre causó, el defensor reconoció que «para poder descongestionar buscaron mecanismos no previstos por la ley”.
La normativa “no establece capítulo especial para casos de catástrofe, sino que exige que las formalidades se sigan cumpliendo. Se debe seguir exigiendo la documentación de siempre, en todo caso el Estado debió disponer más recursos” para “resolver un problema que les excedía”.
“Ahora tiene que investigar esto otro fiscal, no el mismo que cometió errores o irregularidades”, consideró Axat en referencia a Juan Cruz Condomí Alcorta, quien instruye la causa penal, y planteó la necesidad de que “la sociedad sepa la verdad de lo ocurrido”.
