Por Carlos López / Carlos Bonicatto espera que la semana próxima la Justicia emita un nuevo fallo en la causa por la tarifa del abono básico de Cablevisión, empresa del Grupo Clarín que desconoce las resoluciones del secretario de Comercio Interior de la Nación, Guillermo Moreno, que fijaron el precio del servicio en 130 pesos.
“El juez de primera instancia de La Plata, Adolfo Gabino Ziulu, ya cumplió con el requerimiento de la Defensoría del Pueblo en el sentido de obligar a la empresa a acatar su resolución judicial”, comentó Bonicatto en diálogo con AgePeBA, aunque aclaró que Cablevisión “nos tienen hace aproximadamente un mes con diversas dilaciones procesales para no cumplir con lo que dice la justicia”.
El defensor agregó que, actualmente, los ciudadanos bonaerenses que quieren pagar el precio establecido por la Secretaría de Comercio Interior no pueden hacerlo porque la empresa del Grupo Clarín se ampara en una resolución de la Cámara Federal de Mar del Plata, que no tiene ningún tipo de relación con la causa iniciada.
La primera decisión del juez Ziulu indicaba que Cablevisión debía bajar su abono a 130 pesos, pero la empresa no cumplió con esta medida y la Defensoría del Pueblo realizó una denuncia penal. La presentación fue desestimada por la justicia, pero Bonicatto apeló.
“No quieren cumplir con lo que se les ordena. No se está pidiendo que la empresa no funcione. El Estado está actuando para proteger el eslabón más débil de la cadena de consumo como lo es el consumidor”, explicó el defensor.
Para Bonicatto “Cablevisión actúa con soberbia afectando derechos colectivos” y “es inadmisible que nadie la controle”.
“Esta empresa ofrece un servicio impropio, que afecta derechos colectivos y que en algunos lugares se ofrece de una manera monopólica, en donde los usuarios no tienen ninguna posibilidad de quejas ni de cambios”, explicó.
Luego de iniciar la demanda contra Cablevisión en su rol de Defensor del Pueblo, Bonicatto fue amenazado por el Grupo Clarín con una carta documento por fuera del proceso judicial, acusando una persecución política y argumentando que el control de precios sólo se realiza con esta empresa.
“Nosotros iniciamos las medidas a pedido de los usuarios que se acercaron a la Defensoría del Pueblo. Como si fuera poco, después me amenazaron con una causa penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público”, contó.
Tras las amenazas, Bonicatto recibió el apoyo de los senadores del Frente para la Victoria Luciano Martini, Gustavo Oliva y Emilio López Muntaner.
Al respecto, el defensor consideró “importante” que “los diputados y senadores, que son representantes del pueblo elegidos legítimamente en un acto democrático, ratifiquen las acciones de la Defensoría, que solo está haciendo cumplir las funciones que le son propias”.
“Estamos avalados por todo el arco democrático de representación del pueblo, pero la soberbia de una empresa nos impide avanzar”, aseguró Bonicatto.
