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La iniciativa fue aprobada por unanimidad por todos los bloques que conforman la Cámara alta, en un debate que fue seguido por el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, desde uno de los palcos del recinto.
El proyecto modifica el Código Penal al agregar el artículo 148 bis, que establece que será reprimido con prisión “de uno a cuatro años” al que “aprovechare económicamente” el trabajo de un “niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importare un delito más grave”.
No obstante, la norma exceptúa de la penalización “las tareas que tuvieren fines pedagógicos o de capacitación exclusivamente”, en referencia a los trabajos que, por ejemplo, se realizan en talleres de escuelas técnicas.
El último párrafo de la Ley también advierte que “no será punible el padre, madre, tutor o guardador” del menor que “incurriere en la conducta descripta”.
La norma fue debatida solamente en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, pero no en la de Trabajo, algo que fue reclamado por la UCR.
El radicalismo, en el debate en particular en el recinto de sesiones, también destacó su oposición con uno de los párrafos de la ley, al criticar que no se contempla la legislación laboral para penalizar el trabajo infantil.
El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el entrerriano Pedro Guastavino, justificó que no se pene a los padres argumentando que “mal podemos ayudar a ese sector vulnerable persiguiendo penalmente” a los progenitores y «metiéndolos presos».
“La persecución debe estar dada a esos empresarios que explotan a los niños para sacar provecho económico”, sentenció el legislador kirchnerista para luego decir que “lo importante es tener una Ley posible y permitir cerrar este círculo para que haya una persecución penal, porque no bastaron los controles y las multas”.
Sin embargo, el radicalismo se quejó porque la norma contradice la Ley de Trabajo que prohíbe el trabajo infantil y que establece que sólo pueden trabajar los menores de entre 14 y 16 años siempre que lo hagan en una empresa familiar y durante no más de 15 horas semanales.
En ese sentido, el formoseño Luis Naidenoff dijo que “donde están los chicos limpiando los autos, están los padres en las esquinas enviándolos a trabajar”.
Por el contrario, el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, pidió “acompañar esta ley sin tantas pontificaciones” y aprovechó para fustigar los dichos de la justicialista disidente por Salta, Sonia Escudero, quien había dicho en su discurso que en su provincia “las niñas se embarazan para cobrar la Asignación Universal y no trabajar”.
“No quiero responder esos discursos de señora gorda que dice que las chicas se embarazan para no trabajar”, sentenció.
Al mismo tiempo, el bonaerense Aníbal Fernández dijo que si bien la explotación infantil “es una realidad penosa”, destacó que el proyecto aprobado hoy “es un paso más”.
“No condicionemos esto a una situación penal porque le estaremos creando a los padres una condición diez veces más grave. La solución no es mágica”, sentenció.
En el mismo sentido se expresaron la justicialista disidente Liliana Negre de Alonso y el integrante del interbloque del FAP, Luis Juez, quienes coincidieron en votar el proyecto que “solamente incorpora al Código Penal una figura delictiva que antes no existía”.
