Por Germán Celesia / La suposición de que el periodismo es un “cuarto poder” encargado de controlar las instituciones democrática, es una hipótesis cada vez más débil. La prensa hegemónica no cumple un rol de censor moral de las acciones políticas ni fomenta un debate ciudadano sobre políticas de Estado. Por lo menos no es su rol central. En la Argentina construye la agenda periodística y la tipificación positiva, negativa o neutra de los actores sociales y políticos, y lo hace en función de sus propios intereses y los de las empresas y sectores de poder a los que representa.
El caso de Daniel Scioli es muy claro en ese sentido. El gobernador es visto por los medios dominantes como una esperanza de ruptura en el oficialismo. Lejos de cumplir un rol imparcial, en 2011 la prensa hegemónica no dudó en transformarse en un eje articulador de la oposición, a través de intentos fallidos de unidad de sectores disímiles o de constitución de un “peronismo disidente” que pudiera captar parte de la base social de tradición peronista. No obstante esos intentos, sus pronósticos de segunda vuelta fracasaron estrepitosamente en los comicios de octubre de ese año.
La estrategia de los medios dominantes consiste ahora en ir construyendo en el imaginario colectivo un eje diferenciador entre los partidarios de la Jefa de Estado y los dirigentes que podrían liderar una ruptura del oficialismo que ponga freno al proceso de transformaciones llevado adelante por el gobierno nacional, al menos en aquellas cuestiones en que son perjudicados sus intereses, como la ley de medios o el programa “futbol para todos”.
Los partidarios del gobierno nacional son usualmente descriptos como integrantes de una suerte de secta de fanáticos: “ultrakirchneristas” o miembros del “kirchnerismo duro”. Y las iniciativas oficiales, descalificadas a partir de tipificaciones parecidas, como “ley k”, o bien con aclaraciones tales como que se trata de una cuestión “polémica”. El gobierno de Cristina Fernández es presentado como responsable de todas las dificultades económico-sociales, como el incremento de precios dispuestos por empresas de posición dominante en el mercado; hechos delictivos como los sucedidos en Junín o La Plata esta semana; o la falta de avances en causas judiciales, como la del atentado contra la sede de la AMIA.
Las acciones del gobernador, en cambio, reciben un trato diferenciado, y las dificultades político-sociales que se presentan en su jurisdicción son supuestas como consecuencia de políticas nacionales, o bien se muestra al mandatario provincial buscando soluciones y al gobierno de Cristina Fernández poniendo obstáculos en esa búsqueda.
A la vez, se sugiere que las declaraciones o hechos políticos que muestran al gobernador en sintonía con el proceso político nacional son algo así como “puestas en escena”, mientras que las “fotos” que lo ponen junto con actores político de escasa o nula afinidad con el kirchnerismo serían una manifestación genuina del pensamiento componedor y dialoguista de Scioli. Esa “virtud” del gobernador es mostrada en disonancia con el decisionismo presidencial, que implica la toma de decisiones con independencia de los grupos de poder a los que defiende la prensa hegemónica, lo cual le vale acusaciones de despotismo o absolutismo.
El supuesto “autoritarismo” presidencial – en realidad, autoridad conferida por los votos – se complementa con la idea de que se mantiene al gobernador en una situación de subordinación económica y política, debido a las dificultades financieras que padece su administración y el reducido número de legisladores afines. Los problemas económicos son presentados como consecuencia de la “falta de ayuda” nacional y utilizados para sugerir que el mandatario provincial sería una simple “víctima” de las circunstancias, y que lo más lógico sería que se “libere” de ese yugo y reoriente sus alianzas políticas hacia el “antikirchnerismo”.
Algunas decisiones de la gestión bonaerense, junto con la práctica de Scioli de mostrarse con dirigentes opositores al proceso político nacional, constituyen el punto de certeza sobre el cual se construye esa “realidad” mediática. Entre las decisiones administrativas puede mencionarse el apoyo publicitario a la prensa hegemónica y a iniciativas como Expoagro; mientras que el diálogo reservado con Julio Cobos, una “esperanza mediática” fallida, constituye quizás el punto más alto de la política “gestual”.
¿Hasta cuándo continuará esta campaña? De no haber un reacomodamiento de los intereses a los que representa la prensa hegemónica ni una “ruptura” del gobernador con ese sector del periodismo ni con el gobierno nacional, la situación podría continuar quizás hasta los comicios de 2015. El incremento de la violencia verbal de parte de amplios sectores de la prensa hace pensar sin embargo que imaginan escenarios de definición incluso antes de esa fecha. Dependerá entonces de los propios actores políticos.
