Marcelo Lapargo, fiscal general de San Martin, deberá resolver si hace lugar a un pedido realizado en los últimos días por el titular de la UFI 23 de Malvinas Argentinas, Santiago Camiñas, para que se investigue penalmente al intendente Jesús Cariglino como presunto jefe de una asociación ilícita.
En su resolución, Camiñas slicitó que el caso sea tomado por la Unidad Funcional de Delitos Complejos de San Martín y adjuntó medidas de prueba sobre “la supuesta relación directa” de Cariglino “tanto en los saqueos o robos organizados ocurridos en nuestro municipio, como así también por el hecho de ser el jefe directo del personal municipal investigado”.
La denuncia ante la UFI 23 contra el intendente la inició el abogado Jorge Cancio, representante legal de Adrián Subelza, uno de los periodistas atacados por patotas el 5 de junio del año pasado, mientras cubría para el diario Crónica una movilización de familiares de víctimas de mala praxis frente al hospital “Claudio Zin” de Pablo Nogués.
Subelza reconoció en imágenes publicadas en las redes sociales a uno de sus agresores, Alfredo «Fredy» Saganias, quien aparecía posando junto a Cariglino. Luego se descubrió que “Fredy” es, a su vez, padre de uno de los detenidos por los robos organizados del 21 de diciembre en Malvinas Argentinas.
Rodrigo Saganias, de 21 años, declaró tras ser capturado que era operador técnico de radiodifusión, que tenía un programa de radio y que se encontraba «trabajando como prensa en el municipio”.
También son investigados por su participación en ambos hechos –los ataques a periodistas y los saqueos- otros allegados al jefe comunal, entre ellos Horacio «Terry» Pérez, Oscar Rodolfo Pereyra, Adrián «La Mona» Bojorge y Ramón Yuste.
“Queremos que el fiscal general de San Martín realice una investigación seria sobre la responsabilidad del intendente en todos estos hechos, porque es algo que se merecen los vecinos de Malvinas Argentinas. Las pruebas que presentamos indican que Cariglino está detrás de todos estos hechos de violencia”, dijo Cancio al ser consultado por AgePeBA.
El letrado también informó que realizará nuevas presentaciones penales por ataques a militantes de la oposición y referentes de derechos humanos.
Luego del ataque del 26 de febrero pasado a Claudia Ledesma, madre de una de las víctimas de mala praxis, Cancio recibió más denuncias sobre supuestos hechos de violencia política que, según se sospecha, habrían sido encubiertos bajo la modalidad de delitos comunes.
“El 4 de marzo a una consejera escolar y militante de derechos humanos, Nora Perazone, le roban el auto frente al Hospital ‘Claudio Zin’. Ese mismo día, dos personas en una moto también roban el vehículo del militante social Juan Quintana frente a la universidad local. El pasado 5 de marzo, Adolfo Depina, un militante del Frente para la Victoria, es también víctima de un supuesto intento de robo. Le tirotean el auto y una de la balas le rompe el parabrisas. Todo esto es muy sospechoso y creemos necesario que se investigue”, manifestó el letrado.
