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La propuesta presentada por el senador Luciano Martini, junto a los senadores Cristina Fioramonti y Patricio García, entre otros, destaca en sus fundamentos que “la política pública que defiende los derechos del Consumidor es parte de un proyecto de país inclusivo, en el que todo nuestro pueblo tenga el derecho de acceder al consumo”.
En ese sentido, Martini consideró que “nuestra tarea es garantizar que se respeten los derechos de todas y todos: derecho a un trato digno y equitativo sin abusos, derecho a cubrir las necesidades de la mesa de los argentinos, derecho a ser escuchados, derecho a que se cumplan las condiciones y garantías de los productos que compramos, entre otros”.
El legislador resaltó que “en virtud del acuerdo de precios llevado adelante por la secretaría de Comercio Interior de la Nación con las cadenas de supermercados e hipermercados del país, es importante que el gobierno provincial contribuya promoviendo su aplicación en los 135 municipios bonaerenses”.
Al respecto, enfatizó que “resulta sumamente necesario que las oficinas de Información al Consumidor Municipales funcionen de manera coordinada con la Dirección Provincial de Comercio del Ministerio de la Producción, para poder aplicar de manera clara y concisa el acuerdo al que arribó el gobierno Nacional con las cadenas de supermercados y electrodomésticos”.
A su vez, destacó que “la ley 24.240 de Defensa del Consumidor, ha marcado un antes y un después en las relaciones de consumo”, y aclaró que “el ciudadano tiene desde entonces, la posibilidad de asumir un rol activo en la defensa de sus derechos como consumidor y usuario utilizando los mecanismos que la ley pone a sus disposición, garantizando los derechos de consumidores y usuarios de productos y servicios”.
El dirigente, sostuvo que “el Proyecto Nacional y Popular encabezado por nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, promueve el crecimiento permanente de la producción y el empleo con inclusión social, por esto resulta necesario crear mecanismos de regulación que generen mayor conciencia social de los formadores de precios”.
“A su vez, se debe buscar una mayor responsabilidad de los empresarios y comerciantes, para evitar así las especulaciones que siempre afectan a los sectores más vulnerados de la sociedad, aquellos que más necesitan de la presencia del Estado, aquellos que menos acceso al consumo tienen, aquellos que más información necesitan para estar en igualdad de condiciones”, agregó.
Remarcó que “esta es la política inclusiva que impulsa permanentemente el gobierno nacional, la que firmemente, sin prisa pero sin pausa, como decía el General Juan Domingo Perón, busca el crecimiento con mayor equidad, mayor distribución como también una justa y correspondiente igualdad ante la ley para todos y todas”.
La propuesta, se da en consonancia con el compromiso asumido por el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bonicatto de controlar los precios en supermercados e hipermercados, para corroborar su correcto cumplimiento.
Así mismo, responde al proyecto elevado en el Concejo Deliberante de La Plata por el presidente del bloque FpV-Nacional y Popular, Sebastián Tangorra, quien solicitó la intervención del municipio para que se controle que esta iniciativa tenga un cumplimiento efectivo y a su vez, se garantice el abastecimiento de productos básicos en los comercios alcanzados por la medida.
