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Según indicó la Defensoria mediante un comunicado, el monitoreo abarca tanto al Conurbano como al interior de la provincia y “busca garantizar el efectivo cumplimiento de la política de Estado que apunta a proteger el poder de compra de la gente, y que tendrá vigencia hasta el primero de abril”.
“En paralelo, el relevamiento pretende detectar eventuales situaciones de desabastecimiento de productos de la canasta básica, concientizar al comercio de la obligatoriedad de exhibir los precios de todos los bienes en las góndolas e inculcar en los consumidores el derecho a exigir el efectivo cumplimiento de esa disposición”, se agregó.
Todas las semanas, los equipos de “Difusión de Derechos” de la Defensoría realizarán un seguimiento de precios en establecimientos testigo, elegidos al azar, tarea que se repetirá sistemáticamente, en los mismos negocios, hasta el final del compromiso.
Por otra parte, la Defensoría decidió que en todas sus sedes se reciban denuncias vinculadas a posibles violaciones al convenio. Por lo que el ciudadano contará con vías de comunicación destinadas a la información.