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La medida la tomó el juez de Garantías de San Isidro Rafael Sal Lari, quien le otorgó la eximición de prisión a las cinco imputadas que tiene la causa: las docentes Yanina Gogonza, Noelia Gallardo, la madre de Gogonza, Graciela Di Pascuale; y las dos dueñas del establecimiento, Noemí Núñez y Mariana Buchniv.
El caso del jardín “Tribilín” salió a la luz gracias a un audio obtenido por el padre de una de las niñas que asistía al establecimiento, quien envió a su hija con un grabador en la mochila tras notar comportamientos extraños.
Luego del escándalo, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse aseguró que el lugar no estaba habilitado por el municipio para funcionar como jardín maternal, pero concejales locales descubrieron poco después la existencia de un decreto que lo reconocía como establecimiento educacional privado y lo eximía del pago de tasas.
Los familiares de los niños afectados buscan ahora denunciar penalmente al intendente Posse por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El legislador provincial Gustavo Oliva, presidente de la comisión de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Técnica del Senado, dijo hace unos días a AgePeBA que “Posse tiene mucho que explicar ante la justicia. Deberá hacerlo porque ha tenido una actitud patética desde el punto de vista político”.
“Evidentemente en algún momento algún funcionario del municipio inspeccionó el lugar, y esto nos debe llevar a una reflexión mucho más profunda. No puede ser que después de la catástrofe tenga que venir el Estado. Estas cuestiones sólo pasan por la ausencia de fiscalización del Estado municipal”, agregó el senador.
En el mismo sentido, se había manifestado con anterioridad el propio vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto al considerar que «hay una gran responsabilidad institucional del municipio de San Isidro que no se puede eludir».