La funcionaria además rechazó la «militarización de la región» a partir de la presencia de fuerzas británicas porque, según observó, «representa un riesgo».
Las declaraciones de Castro estuvieron en línea con lo que dijo la semana pasada el canciller Héctor Timerman, quien, durante un viaje a Londres para entrevistarse con intelectuales que apoyan el reinicio de las negociaciones entre la Argentina y Gran Bretaña por la soberanía, consideró «ilegal» el referéndum.
«Ya en 1985, Naciones Unidas le dijo al Reino Unido que un referéndum de esta naturaleza no iba a ser reconocido por ese cuerpo», recordó el titular del Palacio San Martín. En ese sentido, dijo que la consulta «tiene el espíritu de hacer una campaña publicitaria, pero no tiene ningún efecto legal sobre la disputa de soberanía».
Castro rechazó además la posibilidad de que los isleños participen de conversaciones por el tema. «Tratar de incorporar al diálogo al gobierno no reconocido de las Islas es impensable. Se dialoga entre dos partes, Argentina y Reino Unido», enfatizó.
La embajadora argentina lamentó, por último, que «Gran Bretaña quiere una base estratégica en el Atlántico Sur», lo que apareja una «militarización de la región que representa un riesgo».
Dentro de un mes, los habitantes del territorio insular contestarán «sí» o «no» a la pregunta «¿Desea que las Islas Malvinas conserven su estatus político actual como un Territorio de Ultramar del Reino Unido?». La decisión de realizar esa consulta «cuenta con el apoyo del gobierno británico», subrayó el gobernador británico del archipiélago.
