“Hay que esperar un poco más, pero es la primera vez que la empresa está acorralada en el sentido del cumplimiento”, dijo el Carlos Bonicatto al analizar la resolución del juez federal de La Plata, Adolfo Gabino Ziulu, quien el viernes intimó a la empresa Cablevisión a que en un plazo de “tres días” baje el valor de su abono de 205 pesos a los 130 autorizados por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación.
El defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires explicó que “si la empresa no acata la intimación, nosotros vamos a plantear que pasen las actuaciones a la justicia penal, ya que “incurrirá en el delito de desobediencia tipificado en el artículo 239 del Código Penal, que prevé prisión de 15 días a un año”.
“Es decir que hay un procesamiento penal con las penas previstas en ese artículo para los directivos de Cablevisión. Pero además vamos a requerir que se le obligue administrativamente a reajustar las tarifas a lo que dice la secretaría. Eso lo tiene que hacer de oficio el juez porque si no seguiría la desobediencia”, agregó Bonicatto en una entrevista publicada por el diario Tiempo Argentino.
La disputa judicial comenzó el 27 de noviembre del año pasado cuando, en base a un pedido de un conjunto de legisladores y tras acumular miles de quejas, el defensor del Pueblo interpuso una medida cautelar contra la cableoperadora del Grupo Clarín por incumplimiento de las resoluciones del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
El 14 de diciembre el juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar, lo que implicó que Cablevisión no podía emitir facturas que superaran los montos preestablecidos, pero eso no ocurrió.
La empresa intentó frenar la medida judicial por medio de diversas presentaciones, pero en las distintas instancias judiciales la respuesta fue la misma: se indicó que la empresa debe adecuar sus tarifas, sin prejuicio de la instancia en la que se encuentre la contienda judicial.
Fue con ese criterio que el juez federal de La Plata intimó a la empresa a “acreditar” su cumplimiento de la medida cautelar interpuesta por la Defensoría del Pueblo bonaerense.
Para Bonicatto, «hay un paralelismo con la Ley de Medios» en el uso de estrategias judiciales para ganar tiempo, ya que Cablevisión “incumple desde 2011 y sigue buscando distintos elementos que le permitan no cumplir con la ley ni con los mandatos judiciales”.
“La dilación, que tiene un parangón claro con la Ley de Medios, le permite a la empresa seguir cobrando en función de la diferencia de poder”, dijo el defensor del Pueblo y consideró “absurdo que exista en el Estado moderno una empresa que presta un servicio de esta magnitud, con la importancia que tiene en la formación de las personas e información considerada como un derecho, a la que nadie pueda decirle cómo regular sus precios”.
