El juez federal de La Plata, Adolfo Gabino Ziulu, intimó a la empresa Cablevisión a que en el plazo de “tres días” acredite si bajó la tarifa de su abono y, en caso contrario, proceder a ajustarla a la suma autorizada por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación.
Según denuncias recibidas por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, la empresa del Grupo Clarín aún no bajó el valor del cable de 205 pesos a los 130 autorizados por la secretaría a cargo de Guillermo Moreno.
El 1 de febrero pasado, el juzgado federal número 2, encabezado por Ziulu, había ordenado cumplir los fallos de diciembre pasado y ajustar la tarifa “bajo apercibimiento de dar intervención a la Justicia Penal” si eso no ocurría.
Con ese criterio, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Boniccato, aseguró que si la empresa no cumple “pediremos que pase el caso a la justicia penal porque debemos proteger a los consumidores”.
La disputa judicial comenzó el 27 de noviembre del año pasado cuando, en base a un pedido de un conjunto de legisladores y tras acumular miles de quejas, el Defensor del Pueblo de la Provincia interpuso una medida cautelar contra Cablevisión Sociedad Anónima por incumplimiento de las resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior.
El 14 de diciembre el juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar, lo que implicó que Cablevisión no podía emitir facturas que superaran los montos preestablecidos, pero eso no ocurrió.
La empresa intentó frenar la medida judicial por medio de diversas presentaciones, pero en las distintas instancias judiciales la respuesta fue la misma: se indicó que la empresa debe adecuar sus tarifas, sin prejuicio de la instancia en la que se encuentre la contienda judicial.
Fue con ese criterio que el juez federal de La Plata intimó a la empresa a “acreditar” su cumplimiento de la medida cautelar interpuesta por la Defensoría del Pueblo bonaerense.
