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Los abogados ampliarán la denuncia contra los jueces luego de analizar los fundamentos del fallo y considerar que el tribunal tenía «la decisión previa de absolver a los imputados».
«La sentencia termina siendo una consecuencia directa de la actuación del tribunal que tuvo la decisión previa de absolver a los imputados», le dijo a Télam Carlos Garmendia, uno de los abogados de la Fundación María de los Angeles.
Garmendia confirmó que se presentarán en la Legislatura provincial para ratificar ante la comisión de Juicio Político el pedido de destitución contra los integrantes del tribunal: Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano.
«Vamos a ratificar nuestro pedido para avanzar con el proceso de destitución de acuerdo a la notificación que recibimos de la comisión de juicio político», señaló el abogado.
Garmendia destacó que luego de estudiar en profundidad la sentencia, que no había sido dada a conocer cuando iniciaron el proceso en diciembre, decidieron profundizar la denuncia e incluir las irregularidades observadas en los fundamentos del fallo.
«Nos dimos cuenta de que la sentencia termina siendo la consecuencia directa de la actuación del tribunal que, desde nuestro punto de vista, tuvo la decisión previa de absolver a todos los imputados», señaló.
«Con esta ampliación mostramos las arbitrariedades de la sentencia y agregamos esos argumentos al expediente iniciado para que se proceda a la destitución de los jueces», agregó Garmendia.
El trámite que conduce al Jury de Enjuiciamiento contra los integrantes del tribunal que el 11 de diciembre pasado absolvió a los 13 imputados en el juicio por el secuestro de Marita Verón se inició en diciembre, antes del receso administrativo de la Legislatura provincial, y debe completarse a partir de hoy.
Esta es la única instancia que contempla la posible destitución de jueces, según la Constitución provincial.
Al dar a conocer el fallo, los jueces consideraron que no se había logrado probar la comisión de esos delitos en contra de Marita Verón y la sentencia desató una ola de reclamos desde diferentes sectores sociales y políticos.
La Legislatura provincial, luego de recibir el pedido, notificó a la parte denunciante para que rectifique, ratifique o amplíe su denuncia.
Luego de este paso, la comisión de Juicio Político resolverá si archiva el expediente o corre traslado a la otra parte, y en caso que ocurra esto último, los tres jueces cuestionados tendrán 15 días hábiles para elaborar un descargo.
Una vez completado este paso, la comisión resuelve si se acusa o no a los magistrados y en caso de ser afirmativo la resolución, comienza a funcionar el Jury de Enjuiciamiento.
Este órgano está compuesto por representantes de los tres Poderes del Estado: cinco legisladores, un integrante del Poder Ejecutivo, otro de la Corte Suprema de Justicia y un representante de los abogados.
La intervención de este cuerpo está prevista para casos en que sean cuestionados integrantes de los Ministerios Fiscal o magistrados.
En esta instancia se requieren los dos tercios de los votos para destituir del cargo a Piedrabuena, Herrera Molina y Romero Lascano integrantes de la sala II de la Cámara Penal.
Días después de la presentación, Herrera Molina presentó su renuncia a la magistratura y anunció el comienzo de los trámites para jubilarse.
