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El caso Marita Verón aceleró la sanción de leyes contra los prostíbulos en varias provincias. Ahora es el turno de Buenos Aires: desde la oposición impulsan un proyecto que prohíbe este tipo de establecimientos y dispone arresto de hasta 60 días para los propietarios.
El proyecto de ley fue presentado ayer en la Legislatura bonaerense por el diputado del unibloque Alternativa Peronista, Ricardo Lissalde. El texto prohíbe «el funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, administración o explotación bajo cualquier forma, modalidad o denominación –de manera ostensible o encubierta– de locales de alterne». Por alterne se entiende a cualquier lugar de acceso público –más conocidos como cabarets, whiskerías o clubes nocturnos– donde se faciliten actos de prostitución u oferta sexual.
Según una nota publicada hoy en Tiempo Argentino, la iniciativa dispone, además, la inmediata clausura de los locales mencionados en la provincia a partir del momento en que entre en vigencia la ley. «Tras el fallo de Marita Verón, muchos intendentes bonaerenses tomaron la decisión de ordenar el cierre de los prostíbulos en sus distritos. Se cerraron cientos de locales sin que hubiera una norma, sólo por una decisión política. Por eso pensamos que es necesario que Buenos Aires tenga una ley como tienen Córdoba y otras provincias para poner blanco sobre negro en este tema», explicó Lissalde en diálogo con Tiempo Argentino.
El 12 de diciembre, la Cámara Penal de Tucumán absolvió a los 13 imputados por el secuestro y desaparición de Marita Verón por «falta de elementos probatorios» para demostrar que la joven tucumana fue secuestrada en abril de 2003 y obligada a ejercer la prostitución en cabarets de La Rioja. El caso conmocionó y aceleró la aprobación de leyes en provincias como Entre Ríos y San Luis.
El proyecto de Lissalde endurece las penas previstas en el Código de Faltas de la provincia para quienes regenteen los prostíbulos. Además de clausurar de manera definitiva el establecimiento, el texto prevé arresto de hasta 60 días «no redimibles por multa» para los responsables. La normativa actual prevé multas de hasta el 100% del sueldo mensual de un policía, arresto y clausuras provisorias.
De aprobarse la ley, se creará también una «Comisión Provincial de Lucha contra la Trata de Personas y de Contención y Recuperación de Víctimas de la Explotación Sexual» cuya integración, funciones y atribuciones serán dispuestas por vía reglamentaria. Además, la problemática de la trata de personas deberá ser incorporada en la currícula educativa para que el tema sea abordado en todas las escuelas de la provincia.
Las provincias precursoras
Córdoba fue la precursora. En mayo del año pasado, la Legislatura de esa provincia aprobó la ley para prohibir el funcionamiento de prostíbulos y whiskerías. Fue la primera norma de «Prostíbulos Cero».
Pocos meses más tarde, en agosto, se le sumó Tucumán, justo en momentos en que se estaba desarrollando el juicio por la desaparición de Marita Verón. Poco después, tomaron la misma iniciativa las provincias de Santa Fe y Río Negro.
En diciembre último, tras el fallo que absolvió a todos los imputados de ese caso señero, San Luis y Entre Ríos aprobaron sendas legislaciones que obligaron al cierre de prostíbulos, cabarets, whiskerías y cualquier local que promueva la prostitución.
De aprobarse el proyecto de Lissalde, Buenos Aires se sumaría en breve. «Creo que va a recibir un fuerte empujón de mis pares. Lo que más me interesa es poner luz sobre la trata de personas», cerró el autor.
