A los empresarios Claudio y Mario Cirigliano los acusa de «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo» y adoptó igual actitud para el resto de los integrantes de las empresas Cometrans y TBA imputados en la causa, al revocar la figura de «asociación ilícita» y de «dolo» que había usado el juez federal de primera instancia Claudio Bonadio.
En su resolución la sala II del tribunal de apelaciones revocó además los sobreseimientos del maquinista, Marcos Córdoba, del ex interventor de la CNRT Antonio Sicaro y lo procesó además de confirmar el procesamiento de los ex funcionarios como Antonio Luna y Pedro Ochoa Romero.
A todos se les agravó la figura legal y se los embargó por 600 millones de pesos, según el fallo.
