Esta semana, a pocos días de cumplirse cuatro años de la desaparición de Luciano Arruga, el caso registró dos pasos importantes. Uno de ellos fue la detención de un oficial de la Bonaerense acusado de torturar al joven cuatro meses antes de ser visto por última vez. El otro fue el pase de la causa a la justicia federal con el cambio de carátula de “averiguación de paradero” a “desaparición forzada de persona”. Pero nadie se olvida de las promesas hechas por el gobernador Daniel Scioli a la familia y los organismos de derechos humanos.
«Scioli tardó tres años y medio en recibir a la familia de Luciano Arruga, hizo promesas y no las ha cumplido. El gobernador prometió en agosto pasado separar a los policías que estaban en el destacamento de Lomas del Mirador cuando desapareció Arruga. Pero no hubo ningún gesto por parte de él para demostrar que no hay impunidad”, explicó a AgePeBA Hugo Cañón, co-presidente de la Comisión Provincial por la Memoria.
La familia apunta contra ocho policías que se encontraban en ese destacamento del partido de La Matanza la noche del 31 de enero de 2009, cuando desapareció Arruga. Todos ellos siguen en funciones en distintas comisarías del Conurbano
Cañón consideró que el incumplimiento del gobernador refuerza el “perverso” accionar de la Bonaerense, que «sigue reclutando chicos para robar con la advertencia de que si no lo hacen les va a pasar los mismo que a Luciano».
«Hay una estigmatización del chico pobre, morocho, joven y de barrio, como el enemigo que debe ser perseguido. Es un sistema perverso que lleva a que la misma policía que tiene que cuidar la seguridad de los ciudadanos reclute chicos para robar para ellos. Esto es lo que intentaron hacer con Luciano Arruga, y como él no se prestó a esto, fue desaparecido», explicó.
Sobre el pase de la causa a la justicia federal como “desaparición forzada de persona”, Cañón consideró que, pese a la demora, se trata de una medida “positiva y necesaria».
«En este caso se dio algo similar a lo que ocurrió con Julio López, ya que se calificó a la causa como averiguación de paradero como si Luciano se hubiera ido a pasear y se hubiera perdido, cuando todo indicaba que se trataba de una desaparición forzada de persona. La justicia provincial actuó con una gran negligencia y en complicidad con la policía, como fue el caso de la primera fiscal, Rosana Castelli, actualmente denunciada por su actuación”, recordó el integrante de la CPM.
La hermana de Arruga, Vanesa Orieta, comenzó rápidamente la búsqueda tras la desaparición de Luciano y puso en evidencia las irregularidades de la causa junto a su abogado Juan Manuel Combi, la CPM y el CELS, ya que la fiscal Castelli permitió que se destruyeran importantes pruebas que hubiesen permitido esclarecer qué pasó en el destacamento policial de Lomas del Mirador.
«Muchas veces, los fiscales y los jueces tienen a los policías como colaboradores de sus propias actividades judiciales y de investigación. Es por eso que no avanzan la investigaciones cuando hay policías sospechados de crímenes de gravedad», dijo Cañón.
En cuanto a la detención del oficial Julio Diego Torales, acusado de golpear y maltratar a Arruga en septiembre de 2008, Cañón consideró que es «un paso muy pobre e insuficiente” porque la justicia lo imputó por “severidades” y no por “torturas”.
“La calificación que la justicia provincial le dio es inadecuada. Al ser una causa por ‘severidades’, es probable que este hombre esté gozando de libertad en un par de días. La calificación que le corresponde es de ‘torturas’, delito que esta equiparado al de homicidio con una condena de 8 a 25 años», precisó.
